En la semana que se cumplía un año del indiscutible triunfo
del Partido Popular (PP) en las urnas, casi todos los análisis y balances
arrojaban una nota negativa. El hipotético examen concluye con un suspenso, fruto,
primero, de un fraude masivo, consistente no sólo en incumplir lo ofertado sino
en hacer lo contrario de lo anunciado y programado; y después, de unas medidas
de reajuste que se han revelado tan improductivas como impopulares. El Gobierno
es contestado por todos lados, incluso desde la propia militancia, a la que
cuesta seguir dando la cara y argumentando a favor de la acción del ejecutivo.
Sólo los medios afines mantienen, a duras penas y con sesgos profundos, el
vuelo alto de la gaviota.
Fue una semana,
además, en la que confluyeron varios hechos que acentuaban el malestar y el
tono crítico, no complicados al final por el aplazamiento de la enésima cumbre
europea para evitar una fractura inquietante y salvar presupuestos,
principalmente las partidas de indispensable ayuda para los territorios
ultraperiféricos.
Empeñado en
un más difícil todavía de imprevisibles consecuencias, el Gobierno de Rajoy
había logrado una curiosa unanimidad: la de todos las representaciones
judiciales y la de todos los operadores jurídicos en torno al rechazo al
aumento de las tasas judiciales, el mismo que abre una profunda brecha para
administrar justicia, ya claramente divisoria entre ricos y pobres
destinatarios. La disconformidad se hizo clamor y habitó hasta en los más
recónditos juzgados. Ruiz Gallardón añadió una muesca más a sus controvertidas
y contestadas iniciativas en lo que va de legislatura. Para más inri, la
chapuza final de los formularios no consensuados con Hacienda que impide la
entrada en vigor de la norma, puso de manifiesto que de tantos golpes de
decreto alguno se tiene que desviar.
Lo de
Catalunya, si permiten la expresión, es para mear y no echar gota. Un
fantasmagórico informe policial sobre presunta financiación irregular del
partido o evasión de capitales, que vaya usted a saber, irrumpió en la segunda
parte de una campaña electoral donde no se hablaba de paro en una comunidad en
la que están registrados más de ochocientos mil desempleados ni del progresivo
desmantelamiento de servicios públicos. El desconcierto del ministerio del
Interior, la gasolina que echó al fuego con sus declaraciones el ministro de
Hacienda y la posición fijada públicamente por un sindicato policial, sin
entrar a valorar el concurso del mensajero agraciado por el don de las
conspiranoias, en plural, sembraron ese caos de impredecible final. Porque, al
margen del resultado electoral de ayer, la bandeja del independentismo versus
judicialización doméstica ya está servida. Y nadie sabe qué se sirve primero o
cómo influirá la segunda en el devenir de las aspiraciones soberanistas
catalanas.
En estas que
el esclarecimiento de la tragedia del Madrid Arena sigue enredándose entre
averiguaciones, imágenes, ceses, maniobras para no comparecer y evitar
desgastes y una acusada sensación de que al final, nadie fue. La erosión
política en las filas populares es evidente y sólo la escala de mando y el
consabido respeto, tan recurrible en situaciones próximas al caos, evitará una
tormenta de mayores proporciones mientras en el horizonte, no lo perdamos de
vista, está la muerte de cuatro jóvenes. Hiela la sangre, después de saberse
todas las irregularidades, que pudieron haber sido muchas más las vidas
cobradas.
Iba
palpándose la peculiar pasión del primer año triunfal traducido al uso absolutista
de la mayoría parlamentaria, cuando The
Financial Times, la Biblia de los mercados y del periodismo
económico-financiero, colocó a Luis de Guindos en el decimonoveno y último
lugar de la clasificación de los ministros europeos del ramo; y cuando presidentes
autonómicos populares se atrevían a enseñar públicamente su descontento con
algunas medidas gubernamentales de eso que llaman Madrid, Génova o Moncloa.
Y por si los
males fueran pocos, aparece en la escena el ex teniente coronel golpista de la
Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, denunciando al presidente de la
Generalitat y candidato a la relección, ’Arturo’ Mas, por provocación,
conspiración y proposición para la sedición. De “continuas y reiteradas
pretensiones secesionistas de una parte importante de España como es el
Principado de Cataluña”, puede leerse en la demanda. Alguien proveerá. Como ya
hiciera en este aniversario de pasión Joan Gaspart, por cierto, ex presidente
del F.C. Barcelona y titular de una empresa que iba a participar, diestro para
que fuera cancelado un homenaje en Madrid al general Franco. Era la última
estación.
A grandes
rasgos, estos eran, en una semana, algunos hechos que amargaban el aniversario
del triunfo electoral del PP. Ni de aquel acierto de haber rectificado en verano
para que los desempleados siguieran percibiendo una prestación de cuatrocientos
euros, se han acordado para endulzarlo.
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