EL ALTAVOZ DE LA INSTITUCIONALIDAD

El periodismo recurre a las instituciones públicas. ¿Qué es esto a estas alturas de la crisis? ¿Es que guardan alguna panacea para aliviar los males del sector y de la profesión o disponen de alguna alternativa? Nada de eso: se trata de sensibilizar a los representantes de la voluntad popular y de la ciudadanía en general para que, de alguna manera, se identifiquen con los problemas que están agravando la precaria subsistencia de quienes, empresas, editores y profesionales,  se dedican a la comunicación. No es que tengan en sus manos la solución pero pueden cobrar más conciencia de lo que significa un periodismo débil y con una proyección, paradójicamente, cada vez más limitada.

            Las razones están prácticamente todas dichas. A medida que la crisis se ha cebado con el ámbito mediático, queda en evidencia el riesgo de una democracia de menor calidad y de un sistema de convivencia cada vez de más reducida transparencia. El pluralismo también flaquea. Crecen las debilidades y las fortalezas hay que encontrarlas con lupa, en campos, además, donde se tarda en hacerse con las riendas y donde ni hay empresarios que conozcan a fondo el sector ni emprendedores dispuestos a invertir porque creen que el negocio, si lo hubiera, está muy lejos de producir rentabilidades a corto y medio plazo.

            El periodismo se resiente y lo sabemos. Y lo palpamos. Hay situaciones concretas que producen verdadero escarnio. Por eso es necesario hacer todo lo que esté al alcance para defenderlo. La Federación de las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) espera que su manifiesto sea tramitado en la forma que cada institución púbica estime más adecuada pero que debe significar una sola voz, unida, un grito que se escuche en rincones y recodos por donde la información debe fluir inspirada en la libertad y en la necesidad de disponer de ella para que la democracia no se vea amenazada. Sería llamativamente paradójico que en la sociedad del conocimiento desapareciera el periodismo.

            Precisamente, el primero de los factores en los que incide ese manifiesto estriba en hacer un periodismo sólido y riguroso, ajustado a sus principios sagrados, para evitar la desnaturalización de sus fuentes, las falsedades y la manipulación, el sensacionalismo, los odios y la tendenciosidad. Cuando estos hechos concurren, está claro que se defienden intereses ajenos al bien común y se pierde toda credibilidad. Por ahí tiene que doler a todos: a los profesionales, a la sociedad misma.

            Se trata de que las instituciones se hagan eco y hagan suyo el problema. Y si pueden aportar, mejor. De alguna manera, esta crisis también las afecta. Se han perdido puestos de trabajo, han cerrado emisoras o publicaciones municipales o de otro nivel, las opciones de difundir su propia actuación y su propia obra han disminuido considerablemente… Los gabinetes de comunicación, en fin, que han desempeñado un papel destacado para dar a conocer el trabajo institucional y dimensionarlo de forma apropiada, corren peligro. Y es una lástima, en verdad, que esa labor -en algunos casos, sobresaliente- por sus iniciativas, por su labor investigadora, por su enriquecimiento de archivos y documentación, por su contribución  a la Historia, se viera interrumpida, se marginara o se perdiera.

El último apartado del manifiesto es la FAPE habla por sí solo: la defensa de la libertad de prensa, del derecho de información y del ejercicio de un periodismo digno y dignamente remunerado, atañe también a las instituciones y a los ciudadanos.          

En definitiva, otro amplificador, el de una apelación que casi suena a desespero. El altavoz de la institucionalidad representativa. Ese es el objetivo, sabiendo que está en juego, sin exageraciones, la convivencia democrática. Convencidos de que sin periodistas no hay periodismo y que sin periodismo, no hay democracia.