PLEITOS TENGAS... Y LOS PAGUES

Se acusó al PSOE en su día, cuando los gobiernos de Felipe González, de un abuso de su mayoría parlamentaria. De ésta derivaron acusaciones de prepotencia y soberbia que fueron calando, vaya que sí, hasta desvirtuar el comportamiento político de los socialistas. A duras penas, el talante con que quiso adornar su gestión Rodríguez Zapatero, para contrarrestar precisamente los tics autoritarios y aquellos mismos defectos que lució José María Aznar en la segunda legislatura de su gobierno, sirvió para establecer diferencias, el pretendido otro modo de hacer política. Ya se encargó el derechío mediático de socavar, hasta la liquidación, un elemento de sintonía del gobernante con la ciudadanía.

            Quienes reprobaron a González aquel abuso ahora se refugian en él para hablar de la legitimidad. La legitimidad que nadie discute. Quienes entonces pedían consenso, para equilibrar, para estabilizar el pacto social, para no incurrir en desvíos y abusos de poder, ahora ignoran por completo esos conceptos. Así sobresale el mando antes que el gobierno. Es lo que gusta a la derecha: que se note ese poder, esa capacidad derivada de las urnas infalibles. Se siente y se sabe cómoda. Y si tiene respaldo mediático, miel sobre hojuelas. Que la calle protesta, ya se cansará. El ejemplo más reciente es cómo despachó Mariano Rajoy la valoración sobre la huelga más las concentraciones de la semana pasada: como si la cosa no fuera con él. Prosiga la hoja de ruta, por si alguien tiene dudas.

            De modo que la mayoría absoluta se transfigura en mayoría absolutista. Ahí está la prueba de la nueva Ley de Tasas Judiciales para acreditarlo: se hizo la norma, en efecto, en el Senado, solo con los votos populares. Y es una norma a la que hay que dedicar atención pues contribuye a la ampliación de la brecha de desigualdad que divide desde el pasado año a la sociedad española. Los riesgos de una justicia para ricos y poderosos, para quienes puedan pagarla, y otra para quienes, sin recursos, no están en condiciones de afrontar la financiación de sus procedimientos y contenciosos, son evidentes. Malo que esa brecha crezca precisamente a costa de absolutismos parlamentarios.

            En efecto, la nueva Ley comporta un aumento de las tasas judiciales entre los 50 y los 1.250 euros iniciales que, aplicado a determinados procesos judiciales, significará un notable incremento de miles de euros. Es decir, justicia que no es igual para todos. Lo dice hasta el presidente del Consejo General de la Abogacía: “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a jun gran número de ciudadanos”. A esta disconformidad, habría que añadir las de la práctica totalidad de los operadores jurídicos y de los grupos parlamentarios.

            Este nuevo incumplimiento del Partido Popular -¿cuántos en un año de gobierno?- claro que supone una disuasión y una obstaculización para acceder a la justicia en condiciones de igualdad, o lo que es lo mismo, dificulta sobremanera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. En la actual situación de penurias y desventuras, las personas más desfavorecidas y más vulnerables -aquéllas a las que alguien desde un escaño gritó: ¡que se jodan!- se verán seriamente desprotegidas. Más de lo que estaban, desde luego.

            A este paso, con la nueva Ley, hasta el absolutismo de la mayoría popular terminará cambiando el viejo dicho:

            -Pleitos tengas… y los puedas pagar.