El gozo, en un pozo.
Cuando parecía que estaban condenados a entenderse, Partido Popular (PP) y
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han vuelto a abonar su bilateral
territorio de desencuentros a cuenta de la reforma del régimen local. Los
acercamientos de las últimas semanas, a los que indirectamente contribuyó el
malestar de los propios alcaldes populares, se han diluido al considerar los
socialistas que los problemas del municipalismo continuarán sin solución a
tenor de la propuesta que hace el ejecutivo. El modelo es el mismo -según
fuentes socialistas- luego no habrá ahorro de costes ni de estructura. De no
producirse un vuelco en la negociación final o una reconsideración sustancial
de las posiciones que se mantienen, todo da a entender que lo local será el
escenario de un nuevo campo de batalla política en lo que resta de legislatura.
Una
lástima porque había indicios de entendimiento y los avances hacían presagiar
un resultado más o menos satisfactorio. En medio de la crisis política y de la
progresiva pérdida de credibilidad y de valores en el campo de la política,
hasta un acuerdo de mínimos posiblemente bastaría para tranquilizar las
controversias y que, trasladado a lo local, vendría a estabilizar los planos
desde los que proseguir la lucha a favor de los intereses generales de un
municipalismo que, fortalecido, ha de impulsar mejores condiciones para su
desarrollo.
Pero
negros nubarrones se han instalado en el horizonte que tiene en el próximo 25
de febrero una fecha significativa pues es la que ha anunciado el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, para aprobar el proyecto de reforma de la actual
Ley de Bases. El secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías,
ha declarado que mantiene abiertas las vías del diálogo, pero mucho habrían de
cambiar las cosas en el plazo de un mes para que, al final, saliera un texto
que contentara a las partes. Queda por ver, en ese sentido, el papel que han de
desempeñar en el resto del proceso otras formaciones políticas y la Federación
que agrupa a los ayuntamientos de toda España pero, tal como están las cosas en
otros frentes, no parece que vaya a atemperar lo que se precisa.
Los
socialistas, para fundamentar el ‘no’ en el tramo decisivo de las negociaciones,
se basan en un “desapoderamiento de las competencias municipales” que,
derivando de la externalización de servicios para favorecer lo privado y de la
tutela que para garantizar la eficiencia en las prestaciones practicarán las
diputaciones -quién las ha visto y quién las ve: de prácticamente desaparecidas
y repudiadas por inútiles a agentes garantes de unas políticas activas-, sólo
equivale a una merma de autonomía y hasta de calidad democrática que, en
efecto, de materializarse, significará un retroceso considerable en los avances
del conjunto del municipalismo de todos estos años.
De
ese modo, los objetivos en los que parecía existir convergencia política, esto
es, reasignación de competencias, racionalización de estructuras y dotación de
mecanismos presupuestarios y financieros estables, empiezan a aparecer lejanos.
Así
que, distanciándose de un hipotético acuerdo populares y socialistas, el
municipalismo español seguirá envuelto en una nebulosa incertidumbre. Sólo un
esfuerzo de última hora, una mayor generosidad y, sobre todo, una visión más
amplia de las perspectivas de futuro, de las necesidades reales de la
administración local para una mejor prestación de los servicios, impedirían un
atasco que sólo agravará las circunstancias de crisis que, desde hace unos
cuantos años, atraviesan los ayuntamientos.
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