CONTROVERSIA EN EL LAGO

En su día, la playa fue arrebatada al pueblo para dejar paso a una de las más serias transformaciones del litoral que la mano del hombre hubiera emprendido. La obra reportó una considerable fuente de riqueza para el municipio y se convirtió en santo y seña de su progreso y de su estatus turístico. Para compensar aquella sustitución, instalaciones modernas por playa natural, para que los portuenses siguieran identificados con algo suyo, que les pertenecía, las corporaciones se inventaron y prolongaron tarifas bonificadas para oriundos o residentes. Era otra manera de incentivar su uso y de seguir atrayendo su atención, solo que con las dotaciones de una infraestructura que modificaba sustancialmente el dominio público marítimo-terrestre, desde San Telmo hasta el charco de la Coronela, que esos son los límites, más o menos exactos, del complejo turístico “Costa Martiánez”, popularmente conocido por el Lago.

            De nuevo soplan vientos de privatización, término que no emplean quienes defienden la opción, debe ser porque no suena bien, porque repele, porque la población no termina de asimilarlo o lo asocia a algo que signifique limitación o pérdida de uso y de identidad. Prefieren gestión indirecta, consecuencia de la concesión administrativa, figura perfectamente legal que en el Puerto de la Cruz tiene numerosas aplicaciones. Pero el debate, si es que se mantiene, no es semántico: es determinar si el Ayuntamiento representativo de los ciudadanos decide continuar la explotación del complejo de forma directa con todas las modulaciones de las prestaciones de los servicios que sean menester; o si se desentiende del todo -no se asuste nadie por la forma verbal, eso es lo que sucederá- convocando el correspondiente concurso y adjudicando a la iniciativa privada la susodicha explotación. Es decir: yo te cedo, tú me ingresas y tú te encargas de todo. Qué fácil, ¿verdad?

            Como si no existieran razones éticas y sentimentales para hacer ver lo contrario. Y como si no hubiera alternativa a la modalidad que, por lo visto, se quiere escoger. Ya han puesto la estabilidad de los trabajadores por delante, como si los antecedentes de casos similares no fueran lo suficientemente inquietantes. Y ya ha dicho el gobierno local que la nueva  normativa apremia y hay que cumplirla. Vaya, qué diligentes. Pocas veces antes la producción legislativa salvó los afanes privatizadores -tan de moda ahora- que dormían en las gavetas o eran omitidos -premeditadamente, por supuesto- en los programas electorales. Como ya reclaman consenso algunos agentes, que piensen en una consulta participada o en dejarlo para los próximos comicios previa inclusión programática de quienes abogan por la fórmula.

            La controversia empieza a latir. La gestión directa aún es posible; necesitada, eso sí, de un plan de perfeccionamiento. Pero si no queda más remedio, que sea una empresa mixta -a ser posible con capital público mayoritario, para que no quede la mínima duda de quién es el dueño- la que asuma la explotación, con plenas garantías de prestación profesional de primer nivel y de beneficios para el pueblo. Para que éste siga apreciando lo que es suyo, no más.