POBRE MARCA

La marca España se ha vuelto recurrente. Los reveses que acumula este país, en el contexto de una crisis de institucionalidad, fruto de desmanes, de comportamientos nada ejemplares de cargos públicos o de personajes tramposos y siniestros  y de los saqueos que algunos han perpetrado en entidades, son automáticamente instrumentalizados como dañinos para la marca España. A ese paso, sólo las glorias deportivas, individuales y colectivas, mantendrá a flote la marca.

            Hay muchas maneras de mermarla, desde luego, de restar credibilidad y prestigio. Una que no puede pasar inadvertida, desde luego, es la que alimentó días pasados en el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, partidario de fijar “límites” a los medios, para no dañar, según él, a personas e instituciones. Esto, en pleno siglo XXI. Es decir, si no fueran pocos los males que vienen padeciendo la comunicación y el ejercicio de la profesión periodística, aparece el heredero de Esperanza Aguirre, tan serio y tan compuesto, convencido de que la solución está en decir a los editores lo que tienen que publicar y lo que no, lo que conviene divulgar y lo que no… ¿No les suena a algo?

            Pues eso, dicho por un presidente autonómico, le hace daño, vaya que sí, a la marca identificativa de un país que si no tuviera suficiente con los millones de desempleados, con las actuaciones policiales, con los desahucios, con el galope tendido de la corrupción, con las oscilaciones de la prima de riesgo, con derechos sociales literalmente arrasados, se encuentra ahora con la sugerencia que hace un destacado cargo institucional del Partido Popular. Una opción impensable pero que, una vez dicha públicamente, termina asustando. La tentación está desnuda. ¡Si te coge! Tienen razón quienes consideran que, en cierta medida, asistimos a una vuelta al pasado: de nuevo la censura, los filtros, las influencias, el periodismo siniestro y fraguado lejos de las redacciones.

            Esto lo dice el presidente madrileño cuando todavía no se habían apagado los ecos de la segunda “teleplasma” comparecencia del presidente de su partido y del Gobierno de la nación, situación insólita en una democracia de la sociedad del conocimiento a la que suponíamos mínimamente madura para solventar ciertas cuestiones de comunicación pública. Pues ya se ve como no. Las conclusiones son evidentes: no quieren periodismo, les asustan las preguntas, temen la comunicación…

            Menos mal que la vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha venido a poner las cosas en su sitio al manifestar el “máximo respeto” del Gobierno por la libertad de expresión y al advertir que los límites a este derecho los fija la vigente Constitución Española (artículo 20.4). Cada quien que interprete lo que quiera pero es una evidente desautorización a Ignacio González cuyas quejas, ante ciertos tratamientos mediáticos, no se sostienen. Alguien debió advertirle y salió a matizar sus palabfras. Dio igual: el daño ya estaba hecho.

            La marca España siguió encajando otro golpe. Pobre marca. A este paso, invocarla, no sólo es un topicazo sino una contribución a su degradación.