BANDAZO DE COSPEDAL

En el principio fue el aumento. Y se pasó de 49 a 53 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. En la “reflexión” posterior, preñada de austeridad, fue la reducción. Mejor dicho: el hachazo. Porque de 53 se pasaba a 25. Y además, sin retribuciones fijas.

            Este es, en resumen, el alcance de la reforma de la Ley Electoral que la presidenta de esta Comunidad quiere aprobar con intenciones muy claras: mermar la calidad democrática, disminuir la representación de la voluntad popular, irrespetar criterios de proporcionalidad, básicos en democracia. Si en ese marco logra disminuir las opciones electorales de los adversarios políticos, ya está la cuadratura del círculo: permanecer en el poder.

            Después, será crítica con los mandatarios sudamericanos empeñados en reformar la Constitución de sus respectivos países para perpetuarse. Denostará, incluso, los procedimientos, más o menos plebiscitarios. Eso sí: no reparará en que ha huido de todo posible consenso que para reformas de esta naturaleza resulta indispensable en la sociedad del siglo XXI, a la que están haciendo retroceder, por cierto, como nunca pudo imaginar.

            Estamos pues ante un auténtico bandazo político-electoral. Es difícil justificar este auténtico salto: del incremento a la reducción a la mitad. Señora presidenta, con el debido respeto: esto no es de buena gobernante. Quien busca menguar el pluralismo político en tiempos en que predomina la desafección, no puede sentirse respaldada. Quien pone trabas a la participación política, demuestra que la Constitución le merece muy escaso respeto. ¿Cómo impulsarla, cómo administrar los recursos públicos desde la variedad de ópticas y cómo transparentar la gestión de los mismos en esas condiciones?

            No bastan criterios economicistas o de presunta y recurrente austeridad. La democracia merece todos los esfuerzos que sean necesarios, especialmente en tiempos en que hay que incentivar para no dar pie a situaciones indeseadas. Los ciudadanos quieren más democracia y quieren que la política ofrezca soluciones. Pero no precisamente las que signifiquen recortes de su representación.

            Por ejemplo: Castilla-La Mancha tiene más de dos millones de habitantes. Su presupuesto está cercano a los ocho mil millones de euros. Si prosperase su pretensión reduccionista parlamentaria, habrá menos diputados que concejales en el Ayuntamiento de Albacete, actualmente veintisiete, para controlar ese volumen presupuestario. No parece consecuente.

            Y tampoco es cuestión de maniatar o propiciar la exclusión de quienes no tengan responsabilidades públicas de gestión, es decir, de quienes queden en la oposición. Si lo que pretende, con reformas así, es aburrirles, marginarles o limitar su dedicación a los menesteres políticos, flaco favor hace a la democracia. ¡Quién vería a la señora Cospedal y a los suyos si se vieran afectados por medidas similares procedentes de gobernantes de signo político progresista! De lo menos que hablarían es de golpe de Estado institucional.

            Para la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria de Organización del Partido Popular (PP) soplan vientos desfavorables. No parece que con iniciativas como ésta, con bandazos como el que propugna, vaya a ganar credibilidad y respeto. Que no se extrañe, en definitiva, de seguir en caída libre en las encuestas.