LO LOCAL, AUN PENDIENTE

Ya se verá si en el otoño caliente que se avecina tiene un papel destacado la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. No sería nada bueno, a la vista de las dificultades con que fue parida en el Consejo de Ministros y de las divergencias que aún separan a los principales partidos políticos, que fuera utilizada como táctica recurrente, esto es, que sirviera para calentar el ambiente o como válvula de escape de alguno de los asuntos que tensan el controvertido marco de la política nacional. Hemos superado el ecuador del mandato, los alcaldes y concejales que aspiran a la reelección saben que deben dedicar buena parte del tiempo a la proyección de su trabajo y, por consiguiente, abordar con superficialidad y condicionadas por los apremios e intereses del momento, las materias que, en el ámbito de la normativa local, aún siguen pendientes de negociación y concreción política, puede ser muy contraproducente.

            El Partido Popular se siente confiado en la ancha peana de su mayoría absoluta en las Cortes. La oposición socialista y los grupos parlamentarios minoritarios ya han expresado su disconformidad general con el texto aprobado por el ejecutivo y, en consecuencia, es de esperar que se hagan notar en el período de tramitación de enmiendas. Ahora mismo, tal como están las cosas, es difícil vaticinar si la nueva Ley entrará en vigor en el curso del presente mandato, o lo que es igual, si todos acuden a los próximos comicios locales bajo el paraguas de esta misma norma y para contrastar, en definitiva, si ha cambiado algo para que todo siguiera igual.

            De momento, algunos municipalistas se dan por satisfechos con haber frenado algunas intenciones del Gobierno. Así lo ha manifestado recientemente el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el popular Iñigo de la Serna, alcalde de Santander. Ni la supresión de municipios, ni la reducción de un número de ediles que podía alcanzar el treinta por ciento, ni la intervención  de municipios de menos de cinco mil habitantes serán medidas consignadas en el articulado de la norma.

            Pero aun así, el municipalismo debe seguir siendo beligerante con otros hechos, como por ejemplo, la privatización de los servicios sociales. En el caso canario, también está pendiente de consolidar el espacio y el papel de los cabildos insulares, sorprendentemente desaparecidos del texto original.

             Las cautelas del presidente de la FEMP son, pues, absolutamente naturales, pese a los avances y acercamientos que, al final de una primera etapa negociadora, se registraron. Pero se siguen apreciado flancos críticos: la clarificación de competencias está en veremos; las duplicidades aún flotan; se está lejos aún de la simplificación de la estructura de la administración local y, por supuesto, los problemas de financiación de los ayuntamientos siguen latentes.

            Es destacable que, a lo largo de los últimos años, las medidas de contención del gasto en el ámbito de personal o de eliminación de entidades empresariales, por ejemplo, hayan propiciado un  ahorro del 9% en el sector público local. O que más del 80% de los cargos electos no perciban ningún tipo de retribución, lo que pone de manifiesto que no es en lo local donde se concentra el excesivo gasto que se le atribuye.

            De ahí la importancia de lo que aún resta por concretar a la espera del texto definitivo. Lo ideal sería una Ley avanzada que robustezca la autonomía municipal, que impulse los intereses generales en el nuevo marco que ha de emprender la Administración local y que favorezca a los ciudadanos, de modo que no tengan que pagar servicios más caros y menos eficientes, como desgraciadamente ya se ha puesto de relieve con algunas prestaciones.