La sucesión de informaciones sobre el ex
tesorero del Partido Popular (PP) y la ansiedad por alcanzar el turno
vacacional hicieron que un hecho tan serio y grave como las protestas que, el
pasado mes de julio, trasladaron al
Gobierno la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la
Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) apenas
tuviera trascendencia.
Las
protestas traían causa de las trabas que el ejecutivo había puesto a la
cobertura de una reunión del presidente, Mariano Rajoy, con el Consejo
Empresarial para la Competitividad celebrada en la misma residencia
presidencial. El gobierno vetó el acceso a los informadores, incluidos
fotógrafos y camarógrafos, y al final de la sesión remitió a los medios una nota
informativa, fotos y hasta un video. La convocatoria figuraba en la agenda del
gobierno pero unas horas antes la Secretaría de Estado de Comunicación
advirtió, vía sms, que los medios no entrarían al recinto.
Ese
es el fundamento de las protestas de las organizaciones profesionales. Por
tanto, la reivindicación contenida en algún titular, cobraba pleno fundamento:
“Las asociaciones de prensa piden al Gobierno libertad de información”. Leer
esto en la España del siglo XXI es fuerte. Por mucho que el presidente quiera
eludir el contacto con los medios, es inaceptable que, en un sistema
democrático, un gobierno no acepte el papel de éstos y limite o condicione el
libre desarrollo de sus tareas. Pedir libertad de información es una de las
expresiones críticas más graves que se puede dirigir al ejecutivo.
Las
asociaciones citadas fueron terminantes a la hora de fijar su posición ante lo
sucedido: “El Gobierno tiene que saber -señalaron- que este tipo de actuaciones
debilita los derechos constitucionales de libertad de expresión y de
información”. En realidad, no habría que extrañarse demasiado: recordemos que
Rajoy anunció la composición de su gabinete limitándose a leer nombres,
apellidos y carteras. Ni una sola explicación. Meses después esquivaba a los
periodistas en el Senado y salía por el garaje. Después, está aquella célebre
comparecencia que sólo pudo ser seguida en televisor de plasma. Hay otros
episodios en los que se ratifica esa actitud huidiza, reflejada en la
inadmisibilidad de preguntas o en el cambio de éstas sobre la marcha, rompiendo
lo pactado.
¿Por
qué esa desconfianza del presidente y del Gobierno hacia los periodistas o
hacia los medios? Esta es la cuestión de fondo, cada vez más difícil de
explicar, porque la mayoría están de su parte o le dispensan un tratamiento
poco crítico. Solo un temor cerval a ser pillados, a equivocarse, a dar
respuestas precisas y concretas, en definitiva, a quedar en evidencia y
proseguir la cuesta abajo del desgaste, justifica esa ya sistemática actitud
renuente y escapista.
Para
colmo, intentan compensarla o remediarla con métodos que quieren convertir la
información en mera propaganda.
Si
con el abuso de la mayoría parlamentaria se equivoca el partido gubernamental,
estas prácticas de comunicación tampoco le favorecen. Salvo que les dé igual
que las asociaciones profesionales pidan “libertad de información”. Qué fuerte.
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