CUENTAS DE LA FRUSTRACIÓN

Hay más ricos. Y quienes ya eran, lo son más. En realidad, apenas conocieron la crisis. La brecha de la desigualdad social ha aumentado en nuestro país a lo largo de los últimos dos años. Desmantelado el Estado del bienestar, hay una fractura evidente. La clase media ha desaparecido. Y todavía habla el Gobierno de presupuestos de la recuperación, cuando todos los análisis convergen en que es más apropiado hablar de cuentas de la frustración.

     Si el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a España que afronte una reforma fiscal bien fundamentada, ajustada a las circunstancias que concurren, parece claro que es una alternativa para salir de la crisis. Tal reforma debe gravar la riqueza, o sea, no solo las ganancias de los contribuyentes sino también lo que poseen y lo que heredan. Gravar las grandes fortunas no es un capricho recurrente: tiene que ser una medida práctica y efectiva.

     De esa forma, estaríamos ante cambios fiscales visibles, de modo que paguen más impuestos esos volúmenes elevados de riqueza. La reforma fiscal ha de orientarse a un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que propicie, como hemos dicho, gravar las grandes fortunas pero también la revisión de las actuales desgravaciones, especialmente las de los fondos de pensiones o las de la sanidad privada. Modificar el actual impuesto de sociedades, estableciendo un tope mínimo, y acercar la tributación de las rentas del trabajo a las del capital, sustanciarían igualmente una reforma fiscal que es indispensable para disponer de unos presupuestos estatales menos rígidos y con una mayor capacidad de maniobra.

     Junto a ella, hay que hablar de la lucha contra el fraude para lograr un reparto más justo de los esfuerzos. Hasta el momento no se han registrado avances notables. La recaudación por este concepto en el presente ejercicio presupuestario apunta entre quinientos y seiscientos millones de euros menos que el pasado año. El sindicato de técnicos de Hacienda hace las correspondientes denuncias y advierte de las consecuencias que acarrea la reducción de las plantillas de la Agencia Tributaria. Por ejemplo: habrá unos seiscientos efectivos menos para detectar y perseguir el fraude fiscal. ¿Se dan cuenta ahora por qué hay menos ingresos en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Y por qué hay más ricos? ¿Y por qué la minoración de recursos tiene que ver también con aquella amnistía fiscal? Es como si invitaran: ¡hala!, a seguir defraudando.

     De no profundizar en las dos medidas expuestas, reforma fiscal y lucha contra el fraude, mucho nos tememos que las cuentas de la frustración solo engordarán. Al tiempo.