GOLPE DE ESTADO CIVIL Y PUCHERAZO

Fue tajante Cristina Almeida días pasados: hay que defender la política con pasión, como lo hace ella, con ese gracejo andaluz que hace más atrayente el relato de su trayectoria. Sin remilgos también a la hora de reivindicar la ideología como sustrato de cualquier posición que se quiera defender. En tiempos que la política es sinónimo de desafección, en tiempos que hay injustos rechazos generalizados hacia quienes se dedican a ella, cuando se iguala a todos para extender la crítica, hay que agradecer la exposición de Almeida. Sobre todo, porque ayuda a comprender los peligros de una sociedad despolitizada o desmotivada, caldo de cultivo que siempre favorecerá a los conservadores, a quienes, pase lo que pase, da igual los programas que para eso van a ser incumplidos, siempre recibirán el apoyo electoral de los suyos.

            Menos política, menos democracia, menos participación: ésta es la síntesis de quienes como la abogada y política andaluza vislumbran un panorama sombrío si no hay un cuerpo social dispuesto a no entregarse ni a resignarse. Es lo que quieren algunos: ir decidiendo para aburrir, para desencantar, para alejar a la ciudadanía de lo que más puede interesar. Si para eso, tienen que abusar de mayorías parlamentarias con las que fabricar leyes regresivas o emplear fórmulas legítimas pero exentas de todo consenso y de toda consulta, lo hacen también. Todo, con tal de que la política cada vez interese menos, genere enconos cansinos, reduzca cauces de participación y resulte una actividad molesta e indigna. La antipolítica, que dicen algunos.

            Algo de todo esto parece estar sucediendo en Castilla La Mancha donde la reforma de su Estatuto de Autonomía es aprovechada por la presidenta María Dolores de Cospedal para modificar la ley electoral de modo que se reduzca el número de parlamentarios. Es evidente que la democracia y la representatividad se resienten con esa medida.  Ni siquiera la reducción del gasto público con que se quiere justificar esa disminución puede justificarla, mucho menos cuando luego se comprueba que hay otros derroches para favorecer, seguro, clientelismo y enchufismo.

            Sufre el pluralismo democrático. Una cámara de representantes de la soberanía popular, independientemente de las preferencias de los electores ante las urnas, siempre será más rica en cuanto mayor sea la presencia de quienes concurrieron. Habrá más puntos de vista, habrá más oportunidades para conocer capacidades y criterios y habrá más opciones para contrastar de verdad modelos y alternativas. Habrá más posibilidades de cumplir con la misión esencial del legislativo, al tiempo que también resultará más eficaz la acción de fiscalización al ejecutivo.

            Pero de esto no quieren saber nada Cospedal y el PP. En Canarias, donde se viene luchando desde hace tiempo para modificar su propio sistema electoral, sugiriéndose una modificación a la baja de las barreras o porcentajes de votos exigidos en las circunscripciones, el caso de Castilla la Mancha se está siguiendo con interés, entre otras razones por si los precedentes servirán en el futuro para consolidar un bipartidismo o una presencia parlamentaria muy similar a la actual. En las islas se quiere un Parlamento más plural, de ahí que, a la hora de interpretar la iniciativa de la presidenta, algunos dirigentes políticos canarios, como Ramón Trujillo (IUC), haya hablado de “golpe de Estado civil”, y Pedro Quevedo (Coalición Canaria), tras recordar que Cospedal compatibilizó el cobro de tres retribuciones públicas, lo haya hecho con una expresión tan significativa como un “auténtico pucherazo político e institucional”.

            Está claro que se trata de procurar, en orden inverso ahora, más participación, más democracia y más política.