LAS INCERTIDUMBRES DE UN NUEVO MODELO

Habrá que estar atentos a la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebra esta semana en el Senado, con participación del Gobierno de la nación. Después de una especie de tregua con el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, la norma reanuda su inevitable controversia con el análisis en la cámara alta de la incidencia que tendrá en el ámbito autonómico, concretamente en lo que respecta a la reasignación de competencias municipales en las autonomías. Todo parece indicar que esta primera gran cita de un debate que se prevé complicado servirá para ir delimitando posiciones no solo en la tramitación de la Ley sino en los modelos que los partidos políticos han concebido para el futuro de una cuestión  esencial en la vida político-administrativa de los españoles.

            Desde que se conoció el texto del anteproyecto, han abundado las críticas, principalmente centradas en que ni clarifica competencias ni evita duplicidades. A ello cabe añadir que, en contra de lo que se quiere, no simplifica la estructura de la administración local y no resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos. Los propios alcaldes del Partido Popular (PP) no parecen contentos, aunque su capacidad de crítica pública esté razonablemente mermada: algunos, en cualquier caso, coinciden a la hora de señalar que estamos ante un serio ataque a la autonomía local. Y el Consejo de Estado, recordemos, emitió un dictamen que ha sido considerado por municipalistas, expertos administrativistas y muchos medios de comunicación como un varapalo a esta particular modificación legislativa del Gobierno para la que el Consejo pide una revisión en profundidad con el fin de proporcionar la debida coherencia en lo que concierne, precisamente, a las competencias y a la racionalización de la estructura organizativa local.

            Los socialistas han alertado de lo que puede ocurrir cuando se plasme la voluntad gubernamental, es decir, que las competencias en materia de salud, educación y servicios sociales sean ejercidas por las Comunidades Autónomas. Esto puede generar, en su opinión, un descontrol administrativo y financiero considerable.

            Independientemente de la fórmula que se adopte para el previsible traspaso de competencias, de consumarse este planteamiento estaríamos ante una clara invasión de aquéllas autonómicas que están debidamente consignadas en los respectivos estatutos de las comunidades. Las consecuencias, por ejemplo, serían que la prestación de los servicios públicos en municipios menores de veinte mil habitantes, además de significar una desaparición de las competencias municipales, es toda una incógnita, máxime si luego, las comunidades autónomas deben llevar a cabo delegaciones de competencias a los municipios. El galimatías se hace evidente en un escenario donde, según se interprete el texto legal, se puede dar la duplicidad en la prestación de un mismo servicio por dos administraciones diferentes.

            Si desde el punto de vista estructural u organizativo, la cosa se presenta complicada, no digamos desde el ángulo financiero. El Gobierno siempre habló de ahorro económico en el modelo que trata de implementar pero el dictamen del Consejo de Estado advirtió que los cambios de estructura no lo justifican. De consumarse los propósitos de la Ley, las comunidades habrán de atender unas competencias y prestar unos servicios para los que cuentan con financiación, es decir, se verán obligadas a replantear recursos presupuestarios, peligrando, lo más probable, su propia estabilidad. ¿Quién resolverá los contenciosos que, inevitablemente, van a producirse? ¿Quién garantiza el cumplimiento de los principios de cooperación interinstitucional? Si la respuesta es el Estado, estaríamos ante un retroceso del modelo autonómico, ante una recentralización que ojalá no perjudique a los ciudadanos como cabe augurar.

            En el Senado, con presencia de gobierno y oposición, y con participación de representantes de las comunidades autónomas, empezará a librarse una pugna de indiscutible importancia para entender el futuro modelo de funcionamiento del estado autonómico. Atentos, pues.