SEGURIDAD PRIVADA, BRECHA DE DESIGUALDAD

Días pasados, un paisano contaba en su muro de Facebook el triste episodio vivido en la madrugada madrileña, cuando retornaba a pie a su casa y una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía le trató, digamos que de manera poco educada y consecuente, a la hora de identificarle y preguntarle qué hacía. El relato llega al borde del desespero, entre la impotencia y el miedo casi.

     Creíamos esas situaciones ya superadas pero es otra muestra del retorno al pasado. Durante años se ha hecho un gran esfuerzo para acercarnos al modelo de ‘policía amigo’ pero se retrocede con comportamientos desproporcionados, como es el caso. Eso de proteger las libertades parece haber pasado a mejor vida.

     Y para colmo, el partido gubernamental aprueba una Ley de la que, salvo contadas excepciones, todo el mundo habla en términos inevitablemente críticos. Una norma que, en materia de seguridad ciudadana -mejor hablar de represión ciudadana-, es claramente regresiva. Ya deben conocer la guinda: los vigilantes privados, esos que popularmente se conocen como ‘seguritas’, los efectivos uniformados de empresas privadas de seguridad, podrán detener en la vía pública en determinadas situaciones. Los representantes de CiU y PNV votaron a favor, luego tendrán que explicar -y convencer- esa posición política. Porque es difícil de entender, ¿verdad?

     A este paso, con esta ampliación y con esta laxitud, estamos más cerca del Estado policial. Con todos los matices que ahora quieran poner al texto articulado, lo cierto es que tenemos otro cuerpo más con facultades para intervenir en la vía pública.

     El engendro responde al ADN del Partido Popular, ya no hay duda. El principio de más policía, más seguridad. Y también más miedo, más cuidado, más incertidumbre.

Las representaciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil han coincidido a la hora de estimar que nos encontramos ante una clara privatización de la seguridad pública. El primero la califica de ‘mala ley’ y destaca que pone la seguridad pública al servicio de la privada, que no deja de ser un negocio. La Guardia Civil llega más lejos: “Estamos asistiendo a la privatización de la seguridad pública. Estamos dando carácter de autoridad a personas que no la tienen, creando policías baratos”. Por supuesto, el que no se cubra las plazas vacantes en los respectivos catálogos de puestos de trabajo, o el que se quiera ampliar la edad de jubilación, juegan a favor de este propósito privatizador de la seguridad pública.

Las policías autonómicas y locales también tendrán algo que decir, especialmente las segundas, habituadas a convivir en ciudades o localidades de determinadas características con los efectivos de las compañías privadas. No son escasos los choques ni los desencuentros, algunos de los cuales terminaron en los juzgados. Un policía municipal, consultado para una encuesta televisiva, fue contundente:

-Si hasta ahora hemos sido poco considerados y frecuentemente irrespetados, por apreciarnos de menor rango, ahora se podrá acentuar esa circunstancia.

Lo peor es que esa seguridad privada, con facultades ampliadas, hay que pagarla, claro. O sea, que sigue abriéndose la brecha de la desigualdad, en tanto queda al desnudo el nicho de negocio. Una brecha entre la ciudadanía y entre los propios cuerpos se seguridad. Pocos reparan en que se pierden derechos a costa de incrementar las ganancias de las compañías. Y pocos se dan cuenta, desde luego, que vamos camino de no poder estornudar en la vía pública (perdón por la gráfica exageración) porque, con tanta policía y con tamaños repertorios de infracciones, igual cae una sanción de esas que tanto gustan a los populares.

Que se lo digan al paisano que iba a pie a su domicilio de Madrid y tuvo que sufrir hasta por el modo de hablar.