ALIVIO INDUCIDO

El informe del Consejo de Estado era bastante explícito: el copago aplicable sobre ambulancias no urgentes, que son las que utilizan habitualmente los enfermos de diálisis y otros crónicos que acuden a centros para recibir los correspondientes tratamientos; y sobre las prótesis como sillas de ruedas, bastones y otras, no produce ahorro ni garantiza eficacia. Y lo que es más grave: resulta más costoso todo el dispositivo para recaudarlo. Conclusión: el Gobierno se ha visto obligado a renunciar a su aplicación.

         El hecho refleja, ante todo, que la percepción de malestar social no es ajena al ejecutivo. Confiado en la resignación de amplios sectores ciudadanos y en el uso indiscriminado de la mayoría absolutista, el Gobierno de Rajoy, sin importarle un ápice la ristra de incumplimientos y fraudes electorales, ha venido desoyendo quejas y rechazos de amplios sectores de población y, por supuesto, ha hecho caso omiso de enmiendas y planteamientos realizados por los grupos de oposición. Sin ir más lejos, conocido el dictamen del Consejo, el socialista pidió al presidente Rajoy que suprimiese todos los copagos que ha impuesto en materia sanitaria, entre ellos, el hospitalario y farmacéutico a los pensionistas.

         Claro que, a estas alturas, y cuando los registros demoscópicos empiezan a arrojar resultados inquietantes de expectativas, no le importa rectificar al Gobierno en materias tan sensibles. Esa derecha retractándose de sus propias medidas, después de haber desmantelado prácticamente el Estado del bienestar: ahí es nada. Quizá las cosas llegaron demasiado lejos y la situación se tornó insostenible, máxime con la sombra de la justicia acechando el proceso privatizador de hospitales y centros en la Comunidad de Madrid. Cuando han dado marcha atrás es por poderosas razones electoralistas.

         Y es que al visible rechazo de la ciudadanía, especialmente de los segmentos directamente afectados por estas medidas, hay que sumar la inquietud advertida en presidentes autonómicos y destacados dirigentes del PP que, sin alcanzar grados de rebelión, es sinónimo de disgusto que, o se ataja por la vía de la rectificación o se enquista en gobiernos y órganos decisorios hasta producir efectos de deserción.

         No gustan al ala más dura del electorado popular ni a la del empresariado que respalda al Gobierno que éste dé marcha atrás en las medidas adoptadas. Terminarán aceptándolo como un mal necesario a la espera de que ese triunfalismo discursivo derivado de las mejoras advertidas en ciertos indicadores económicos vaya calando y proporcionando márgenes más holgados. Ya habrá tiempo de volver a subir.

         Igual ocurrirá, un suponer, en las comunidades donde gobierna el Partido Popular que se niegan, como en Castilla y León y Madrid, a implementar el copago hospitalario, en vigor desde octubre pasado, y han acudido a los tribunales. Castilla-La Mancha, con María de Dolores de Cospedal al frente, viendo también las orejas al lobo, lo aplicará pero con una curiosa fórmula consistente en no cobrarlo directamente a los ciudadanos.

         En fin, un alivio inducido por la rectificación de quienes habían dicho que la asistencia sanitaria poco menos que no se tocaba y que de copago, nada. A lo peor, hasta presumen de haber producido un volumen de ahorro a costa, ni más ni menos, que de la salud de los ciudadanos.