ENTRE DESCONSIDERACIONES Y AUSENCIAS PLENARIAS

Las versiones periodísticas y de algunos testigos presenciales coinciden en el enésimo pleno borrascoso del ayuntamiento del Puerto de la Cruz. A estas alturas, ya no es noticia: pero duele. En cualquier caso, por el galopante desprestigio institucional; por la progresiva pérdida de credibilidad y de respeto de algo tan serio como una sesión pública del máximo órgano del Ayuntamiento y por la sensación que se proyecta de un deplorable espectáculo circense en el que todo vale para escarnio de la democracia. Que al cabo de varios mandatos se haya descendido a estos niveles, resulta reprobable. Una cosa es el fragor dialéctico que diera pie a debates duros con pasajes de complicada digestión y otras, muy distintas, las imposiciones, las intromisiones, el irrespeto y las inconsecuencias. Parece que todo esto es lo que predomina.

            De todos modos, hay dos hechos registrados en esta sesión que llaman poderosamente la atención, merecedores por tanto de comentario.

            Uno: la moción de la representación de Vecinos por el Puerto relativa a la necesidad de que el gobierno municipal cuente con un miembro dedicado a tiempo completo al área de Asuntos Sociales. La iniciativa, desde luego, pone de relieve, cuando menos, primero una seria disfunción en el organigrama de aquél; y luego una interpretación política muy discutible, especialmente por el modo de entender la solución aplicada y las repercusiones que ésta suscita.

            Veamos los hechos: la concejala que era titular renuncia a su condición de plena dedicación, quizá una manera de frenar la dimisión del cargo que pudiera ser su voluntad. Para no abrir crisis ni producir distorsiones, el alcalde considera que la responsabilidad de la gestión del área puede hacerse a tiempo parcial. Y aquí se inician las complicaciones, una vez más el pecado original.

            Porque no hay que ser un lince para saber que las actuales circunstancias sociales y económicas, en el Puerto como en otras muchas localidades, generan un estado de necesidades y demandas que cualquier gobernante querría atajar pues se siente moralmente obligado a ello. Lo normal es, en efecto, priorizar recursos y actuaciones en ese campo donde hay materias que exigen de plena dedicación, con la cúpula política a la cabeza. Sin embargo, se considera que la cosa se puede dirigir y gestionar a tiempo parcial. Qué concepto, qué idea de lo social.

            Y claro, es inevitable que broten las contradicciones, una de las cuales es expuesta de forma atinada en la moción de Vecinos por el Puerto: si se admite ese criterio, ¿por qué no se aplicó y explicó adecuadamente desde el principio del mandato? Un fraude. Otra: resulta incongruente disponer de concejales liberados o de plena dedicación para áreas como Turismo, Comercio o Recursos Humanos y la de Asuntos Sociales se pueda dirigir con unas horas o días de desempeño. Siendo todas las áreas importantes, respetando la autonomía para organizarse y suponiendo que el cumplimiento de un programa político y de determinados objetivos depende de contar con la confianza y capacitación de personas al frente de cada concejalía, lo ocurrido relega o degrada a Asuntos Sociales, en sí mismo es una desconsideración. Y esgrimir que el alcalde es el gran sustituto o que ya se encargan funcionarios y personal laboral de que la cosa funcione (nada más lejos de la realidad: es en estas situaciones de vacío o inseguridad donde más se notan la ineficiencia o la falta de resultados) no es de recibo.

        Las críticas a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local inciden, precisamente, en los asuntos sociales. Hay una controversia creciente sobre el futuro que aguarda a las estructuras de los servicios que hay que prestar. Vayan ustedes a saber si el alcalde portuense, con esta medida, ha querido ir ensayando las restricciones que darán paso a las privatizaciones en este campo. No, la impresión es que no va por ahí la cosa. Demasiado pretenciosa. Más bien huele a parche, a martingala para salir del trance y llegar al final del mandato sin sobresaltos. Aunque los vecinos vuelvan a ser los perjudicados.

            El segundo hecho: la sesión se inicia con ausencia de seis concejales, cuatro de dos grupos de oposición, y dos del gobierno. Respetemos las razones que pueden haberla motivado. Seguro que serán poderosas. Pero las obligaciones son las obligaciones y las contraídas al asumir un cargo público requieren de cumplimiento, a menos que haya una causa insalvable. Hay que hacer un esfuerzo, el que sea, con tal de estar presente donde hay que estar. Ya es llamativo, desde luego, que quince de los veintiún ediles sean quienes asistan al pleno.

            Y si por esto también se es noticia… no mejora el enfermo.