LARGO RECORRIDO DE LA REFORMA LOCAL

Objetivo: paralizar la reforma.

La tramitación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local va a tener una secuencia inesperada, algo más que la formulación de enmiendas: la mayoría de la oposición parlamentaria intentará llegar, bien pertrechada, al Tribunal Constitucional (TC), con el fin de paralizar y anular la norma que, como se ha repetido, vulnera los principios de autonomía local.

         Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia de la democracia. Es la primera vez que más de tres mil quinientos ayuntamientos de toda España, que representan a más de quince millones de ciudadanos, recurran conjuntamente una Ley, en este caso, la que pretende dar un vuelco a la vida municipal no solo en aspectos organizativos sino en importantes cuestiones de fondo como es la reasignación de competencias, principalmente en lo que concierne a la prestación de los servicios mínimos obligatorios.

         Se trata, pues, de un conflicto en defensa de la autonomía local. El proceso va a ser largo y tiene, desde luego, su complejidad. Porque para materializarlo ante el TC se requiere que un séptimo del total de los ayuntamientos españoles y que, a su vez, signifiquen un sexto de la población, lo decida expresamente y por mayoría absoluta. Según los cálculos que se han conocido, hechos por los promotores de la iniciativa, es preciso que el acuerdo los suscriban mil ciento sesenta corporaciones locales que representan a más de siete millones y medio de españoles.

         O sea, que los plenos municipales de estos meses van a estar moviditos con este asunto. Porque la posición del Partido Popular (PP) será contraria, naturalmente, y eso agitará el debate político. Al menos, servirá para conocer mejor el alcance de la norma, cuya incidencia antes de los próximos comicios locales es una gran desconocida para los estados mayores de los partidos políticos. Es importante reiterar que plantear el conflicto requiere de mayoría absoluta. Las formalidades se completan con la solicitud previa de un dictamen al Consejo de Estado que, una vez hecho público, sustanciará ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias propiamente dicho.

         Además, están abiertas otras dos vías para recurrir la aprobación de la norma por parte de la mayoría parlamentaria del PP: una, la que se plasmaría con la firma de cincuenta diputados o cincuenta senadores (en consonancia con la anterior, parece lógico que también sea una medida compartida por varias formaciones políticas); y otra, la que pueden utilizar los gobiernos de comunidades autónomas que interpreten que la Ley invade competencias que les son propias.

         El objetivo, tal como se señaló al principio, es paralizar la reforma local. No va a ser fácil en ninguno de los casos pero se pone a prueba, entre otras cosas, la capacidad para entenderse y transar. La oposición se juega lo suyo en tanto aprieten o amainen los vientos de la mayoría popular. Pero, sobre todo, es el mundo municipal, quienes lo viven desde dentro, en primera fila, el que debe dar una respuesta contundente que rechace los que son claros intentos de restringir la autonomía local, teóricamente garantizada por la Constitución.