Dijo el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que hay que conectar con los debates residenciados en la ciudadanía. Y
aportó elementos para ir abriendo los que darán algún juego de este verano al
año próximo en que hay cita con las urnas. Los adornó, por cierto, con un
barniz de ‘regeneración democrática’, poco apropiado, desde luego: no está el
partido gubernamental como para ir dando lecciones ni abogando por
regeneraciones políticas. Materias diferentes, debates distintos que, en todo
caso, requieren por su naturaleza algo más que un intercambio de mensajes
mediáticos y un marco circunscrito a dos bandos. Hasta el momento de plantearlos
es importante y debe ser preacordado.
En concreto, señala el presidente que
sería bueno estudiar la reducción del número de personas aforadas (lo cual, en
nuestra opinión, no es un gran privilegio en el supuesto de una presunta
implicación delictiva: lo relevante es excluir a imputados de las listas
electorales) y la posibilidad, mediante modificación legislativa, de hacer que
los alcaldes sean, automáticamente, los de las candidaturas más votadas. O sea,
que aún ganando en minoría, sean quienes asuman el bastón de mando municipal,
sin tener que pasar por el filtro de la voluntad de los capitulares. Este
asunto, que se sepa, no forma parte del listado de preocupaciones o demandas
ciudadanas, pero…
No era este, en efecto, el criterio del
Partido Popular (PP) pero, ya se sabe, la coyuntura da la función.
Entonces -y de eso podríamos hablar en primera persona, con una censura a los
27 días de haber sido elegido alcalde- prefería ser bisagra, asociarse o
coligarse con otras formaciones políticas para, de alguna forma, adulterar
el resultado de las urnas. No es que estas alianzas fueran ilegítimas pero, en
algunos casos, malsonaban, no funcionaban adecuadamente y hasta tenían un
alto costo para el PP.
Debe ser que los estrategas de la derecha
están viendo un horizonte oscuro en las municipales del próximo año y han
dejado entrever que, si no hay mayorías, la fórmula idónea es la elección
directa de regidores. Que de aplicarse, se salvarían algunas capitales o
ciudades, ahora mismo en duda, tal como evoluciona el malestar de la población
con la situación económica, la corrupción y las decisiones de los gobernantes
conservadores.
A ver cómo discurre el debate, desvelada
la sugerencia presidencial. Por ahora, eso: una sugerencia. Pero no olvidemos
que hay recursos de inconstitucionalidad presentados en el Tribunal
Constitucional (TC) para frenar el descarado ataque a la autonomía municipal
que significa la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
local y que el municipalismo patrio, en gran medida de conjunción, está en
desacuerdo con algunas directrices de esa norma a cuyo debate inicial y a cuyo
texto original, por cierto, no incorporaron los populares la sugerencia
aludida. Esos mismos municipalistas mucho tienen que decir.
La cosa no ha hecho más que empezar. A ver
cómo van reaccionando y a ver cómo se agitan las mentes pensantes del
laboratorio de FAES. Y cómo fijan posición los socialistas, partidarios en su
día de modificaciones legislativas al respecto (Ahí tienen una oportunidad
espléndida de esgrimir la segunda vuelta). En los ámbitos municipalistas
también tienen mucho que decir, aunque el anuncio presidencial haya pillado por
sorpresa a quienes los transitan, muchos -principalmente en el PP- con notoria
preocupación ante una hipotética reelección.
Por eso, se han subido al carro sin muchas
reservas, pese a que cuando inició el camino no figuraba el asunto en ofertas
programáticas.
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