FRÁGIL COHESIÓN SOCIAL

La mayor desigualdad se corresponde con una menor cohesión social. Es una de las apreciaciones más notables al cumplirse los tres años de gobierno del Partido Popular. Se esfuerzan el ejecutivo y representantes del propio partido en explicar que lo peor ya ha pasado, que la cosa remonta y que no hagamos caso de esos discursos previsores de estancamiento o nuevas recesiones, que para eso hay “raíces vigorosas”; pero lo cierto es que los indicadores de mejora o recuperación en las coordenadas de la macroeconomía están en su sitio, o sea, en donde interesan a quienes tiene que interesar sin que penetren para bien en las tribulaciones de los más necesitados.

            Si se toman en cuenta la imposición de los copagos, los recortes en sanidad, educación y dependencia y hasta la devaluación de las pensiones es sencillo colegir esa cohesión social debilitada. La fractura social se hizo carne y habita entre los españoles.

            Que se lo pregunten a los estudiantes, que han sufrido los recortes de doscientos diez millones de euros en becas desde hace dos años. Que   se lo digan a los científicos cuyos recursos públicos para investigación se han visto reducidos en un 27% desde 2011. Que lo contrasten los responsables  de educación, con un 20% de disminución de consignación presupuestaria o con niveles de inversión en la materia similares a los de 2006.

            Las restricciones en la sanidad son otra prueba de la fractura. Con siete mil doscientos millones de recortes en la sanidad pública y veintiocho mil quinientos sanitarios menos, parece que la meta trazada es la del desmantelamiento. Hay más datos aportados por la oposición socialista: la cobertura sanitaria pública ha sido suprimida en unas  ochocientas setenta y tres mil personas, sin olvidar que también quedan fuera de ella quienes viajan al extranjero por un período superior a los noventa días. Que a estas alturas, treinta y seis mil personas carezcan de tarjeta sanitaria es significativo.

            Los desmontes en el ámbito de la atención a las personas dependientes se palpan en la congelación de la Ley para nuevos beneficiarios, en la reducción de las partidas presupuestarias específicas y en la disminución del importe de la prestación para las personas con algún  derecho reconocido. Si mencionamos las casi ciento setenta y tres mil personas dependientes en lista de espera, o la incertidumbre creada en las modificaciones legislativas con los profesionales del sector, es para asustarse.

            Los pensionistas, por otro lado, no solo han probado el acíbar de una reforma que ha eliminado la revalorización conforme al Índice de un Precios al Consumo (IPC), fijando un suelo de revalorización en el 0,25% sino que han tenido que abonar un copago farmacéutico y la exclusión de determinados medicamentos.

            En fin, en términos generales, desigualdad evidente después de tres años de reformas conservadoras: más empobrecidos y menos cohesionados. Aunque ello no se refleje en las coordenadas y los porcentajes de la macroeconomía y los aplausos de los gobernantes en sus cumbres terminen eclipsándolo.