Algo ha estado ocurriendo en el
complejo turístico ‘Costa Martiánez’ y ha trascendido ahora, a poco más de cien
días de las próximas elecciones municipales, cuando los grupos de oposición -en
una de sus escasas iniciativas conjuntas que, de haberse prodigado, hubieran
hecho menos plácido el mandato al bipartito, al menos desde el ángulo de la
fiscalización- han denunciado la aplicación de un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) por parte de la empresa concesionaria de los
servicios de bares y restauración. Los datos asustan: el ERTE reduciría al
cincuenta por ciento la jornada laboral de 35 de los 48 empleados durante un
período de veinte meses en los dos próximos años.
Sería bueno conocer los actos del procedimiento
administrativo seguido para operar los cambios en el modelo de gestión del
complejo, sobre todo, qué órganos institucionales los adoptaron, si se partió
de un concurso libre para la mejor defensa de los intereses municipales y si,
convocado aquél o utilizada alguna otra figura de esas que los técnicos tienen
a mano para situaciones que requieren de soluciones de emergencia, las
decisiones son consecuentes, no solo
desde el punto de vista jurídico-administrativo sino también desde el ángulo
político. Desde luego, hasta donde alcanza la memoria, los mismos grupos de
oposición que ahora critican el ERTE no plantearon iniciativas para saber, a
ciencia cierta, qué estaba fraguándose en el complejo sobre el que planeaba la
alargada y no escondida sombra de la privatización. El gobierno local, mientras
tanto, a lo suyo: cuanto menos se sepa, mejor. Si se da idea de normalidad en
el funcionamiento, con inserciones publicitarias, estupendo.
Independientemente de las circunstancias, los hechos dan a
entender que estamos ante otra prueba del fracaso de una continuada política de
privatizaciones o gestión indirecta de algunos servicios públicos. Otra
demostración de que el sector privado ni es la panacea ni gestiona mejor. Lo
que ocurre es que el complejo era el último bastión, la joya de la corona, con
sus valores sentimentales e identitarios. Y era normal defenderlos de ciertas
fiebres con todas las consecuencias. De ahí, nuestra postura de oposición
frontal con la que logramos frenar en su día una voluntad política que estaba
cantada. Si, como dice la oposición, la empresa concesionaria adeuda unos
ochocientos mil euros a la Seguridad Social, hay que preguntar qué negocio ha
hecho el Ayuntamiento con esta fórmula que desahoga un ERTE con la natural
inestabilidad para los trabajadores. ¿Cuánto ha ingresado la administración
local a partir de un supuesto canon o de un acuerdo sucedáneo supuestamente
contratado?
Lo que va de ayer a hoy: los récords y el prestigio de otrora
dejan paso a imposibilidad manifiesta de gestionar con garantías los centros de
producción. Y eso que se los dan hechos.
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