Los
consumidores y usuarios se encontraron de la noche a la mañana con las oficinas
de DEPCSA cerradas. De inmediato, saltó el timbre de quejas y críticas en las
redes sociales. El municipio, acaso ya acostumbrado, perdía otra dotación, otro
servicio. No se conoce versión del gobierno local, siquiera en términos de justificación
elemental, pues debe andar ocupado en otros menesteres. Ni de la firma
concesionaria, que andará a lo suyo, en su cuenta de explotación. Ha tenido que ser el Grupo Municipal Socialista,
en la oposición, el que ha tomado la iniciativa para instar a la corporación a
adoptar un acuerdo que signifique la reapertura de las citadas oficinas.
Vayamos por
partes. DEPCSA es la empresa, dependiente de Endesa-Unelco, creada en su día
para la gestión de sus intereses. Fue durante el mandato 1995-99, cuando se
materializó la operación de una concesión administrativa del servicio de
suministro de energía eléctrica. La empresa, según el pliego de condiciones que
rigió aquel concurso, se comprometía a efectuar una serie de inversiones en
determinado período de tiempo que mejorarían sustancialmente los recursos técnicos
y materiales con los que garantizar y cualificar las consiguientes
prestaciones. Entre esas inversiones, hasta donde alcanza la memoria, debía
figurar la entrada en funcionamiento de unas dependencias que habrían de servir
para atender las demandas de los usuarios, en forma de actualizaciones de pago,
nuevas conexiones, reposición del servicio y otros servicios suplementarios. En
efecto, las oficinas abrieron sus puertas y así permanecieron durante unos años
en distintos emplazamientos de la localidad, hasta que ahora han cerrado, con
el natural quebranto para los ciudadanos que precisen de los servicios. Ahora
habrán de desplazarse a otra localidad para concretarlos y para resolver las
diligencias necesarias.
Se dirá que
estas oficinas ya no hacen falta. O que esos trámites se arreglan en internet.
Como si todo el mundo tuviera ordenador o supiera manejarlo. Se dirá que la
crisis también afecta -¡a las todopoderosas eléctricas!-, que hay que reducir
gastos y que el volumen de demandas tampoco genera margen suficiente como para
mantener abiertas unas oficinas. Se dirán esas y otras excusas, ¡sobre un
servicio público! Y como si no importara nada el que parece ser un flagrante
incumplimiento de un aspecto de la gestión de un patrimonio social que ha sido
concesionado.
La
representación institucional del PSOE portuense ha tomado la iniciativa, ha
estado atenta en un asunto de clara repercusión social. Y ha puesto en el dedo
en la llaga: prima la defensa de los intereses de la empresa privada. Lo que son las cosas: en su día, cuando se consumó
la controvertida concesión, preguntábamos a quién reclamarían los portuenses en
caso de disfunciones, averías o interrupciones. Las respuestas, poco menos,
negaban o apuntaban que eso era imposible y que cuestionarlo rozaba el
disparate. Ya ven el episodio: han cerrado las oficinas comerciales
Seguro que
confiaban en la infinita paciencia, en el conformismo ilimitado de los
portuenses. Si quieren otra prueba, ahí está durmiendo el sueño de los justos
una propuesta aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento para
difundir los supuestos beneficios del denominado Bono Social.
Sin remedio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba su cometario. Sólo se pide respeto