ACIERTAN AL RECTIFICAR

Entre las medidas planteadas por Marino Rajoy durante el debate del estado de la Nación, figuran las relativas a la agilización de la justicia. Aspira el presidente a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la idea de evitar las macrocausas de difícil conclusión y de fijar plazos máximos para la instrucción. También quiere modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, fomentando el uso de las nuevas tecnologías para las comunicaciones entre los operadores jurídicos, los profesionales y los ciudadanos.

         Y hay una tercera medida anunciada en el largo discurso presidencial: la revisión del sistema de tasas judiciales. Anunció que las personas físicas quedarán exentas de abonar tasas judiciales en todos los órdenes e instancias.

         Quienes tengan memoria, recordarán una célebre frase de Manuel Fraga Iribarne cuando, antes de emprender rumbo a Galicia,  hacía oposición a Felipe González: “Los socialistas solo aciertan cuando rectifican”. Ahora, en sentido inverso, alguien podría devolverla.

         Porque aquel empecinamiento del actual Gobierno al aprobar la Ley de Tasas Judiciales era, a todas luces, rechazable. Para colmo, algo debió hacer mal cuando, tras recaudar quinientos doce millones de euros, le contestó a un diputado que preguntó a qué pensaba destinar esa cantidad y como respuesta obtuvo un ‘no se sabe’. “No dispone de información al respecto”, fue la contestación literal. Lo grave del caso es que ni siquiera revertiría lo recaudado en la financiación de los gastos producidos en el ámbito judicial que era, grosso modo, la justificación que argumentó en su momento, en defensa de la Ley el ex ministro Ruiz Gallardón.

La norma se hizo, en efecto, solo con los votos populares en el Senado. Era evidente que contribuiría a la ampliación de la brecha de desigualdad que divide a la sociedad española desde que al Gobierno del PP le dio por desmantelar el Estado del Bienestar. Los riesgos de una justicia para ricos y poderosos, para quienes puedan pagarla; y otra para quienes, sin recursos, no están en condiciones de afrontar la financiación de sus procedimientos y contenciosos, eran evidentes.

La nueva Ley, aún vigente, comportaba un aumento de las tasas judiciales entres los 50 y los 1.250 euros iniciales que, aplicado a determinados procesos judiciales, acarreaba un notable incremento de miles de euros. O sea, que alumbraba una justicia que no era igual para todos. Lo señaló Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía: “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”.

Deben haber sido muchas las evidencias de la inequidad, ha de ser tan palmario el malestar de las clases medias para que ahora, como otro elemento del paquete de medidas sociales, el presidente Rajoy haya anunciado la exención de las tasas para las personas físicas en todos los órdenes e instancias. ¡Qué generoso!