Es deseable
que el plan diseñado y puesto en marcha por el Gobierno de Canarias
contra la explotación laboral no derivase en una de esas
controversias tan peculiares en la islas que, en el fondo, alumbran
discrepancias entre el poder política y el ámbito empresarial. Ya
escribimos hace poco que los objetivos del Plan eran plausibles: que
se cumplan las jornadas laborales previamente concertadas,
regularizar el régimen de la Seguridad Social, impedir las
irregularidades y la artificialidad del empleo temporal y aplicar
fijeza en la contratación eventual que sea susceptible de ello. Es
difícil, por no decir imposible, encontrar argumentos en contra de
estas metas.
Y claro, van
surgiendo los primeros resultados de una de las fases de inspección
consignadas en el plan: “Empleo detecta fraude en uno de cada tres
contratos inspeccionados”, titula el periódico El Día una
información que detalla tales resultados y en la que se se recoge el
testimonio de la vicepresidenta del ejecutivo autonómico y consejera
de Empleo, Patricia Hernández, en el sentido de que la inspección
no solo advierte incumplimientos en los horarios de los contratos
sino incluso la inexistencia de los mismos. Tan solo con este último
aspecto habría que dar por buena la tarea de la inspección.
Hay
que dignificar las condiciones de trabajo. En eso debemos estar todos
de acuerdo, incluso la patronal, uno de cuyo representantes, el
secretario general de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha declarado
que hay que perseguir y sancionar los contratos que no se hacen.
Claro que el dirigente empresarial, aparte de discrepar con las
cifras aportadas por la vicepresidente (“uno de cada tres...”),
señala que el ejecutivo no tiene que decir a los empresarios cómo
hay que contratar, basándose en el criterio de que los índices de
temporalidad (alrededor de un 30%) son similares en los sectores
público y privado.
Convenimos
en que el plan debe orientarse a la dignificación de las condiciones
de trabajo. Aspira a fomentar la legalidad y eso es positivo para
todas las partes. Ya dijimos que había que tener una actitud
positiva y nada recelosa. Por eso, si tras su puesta en marcha, se
desvía ahora hacia polémicas mediáticas, las conclusiones no serán
buenas para nadie, ni para empleadores ni para empleados. Lo que es
bueno para la producción lo es también para todos los agentes. Que
los inspectores sigan haciendo su trabajo, que se procesen los datos
y sean analizados con desapasionamiento, transparencia y objetividad.
Puede que estemos asistiendo a un proceso de modificación de usos y
hábitos, al alumbramiento de una nueva cultura en el ámbito
empresarial y laboral, tan necesaria en la sociedad canaria de
nuestro tiempo que solo el devenir hará contrastar la importancia de
esta teóricamente provechosa iniciativa.
Si
se quiere debatir, que se haga. Que haya puntos de vista distintos,
normal. Que los métodos son perfectibles, seguro. Pero pensemos en
los objetivos plausibles. Ahí, hasta su consecución, radica la
trascendencia de este asunto.
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