LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN

Sea larga o corta la legislatura, lo importante es que, a lo largo de la misma, sea posible afrontar y regular algunos hechos que son básicos en la convivencia social y política de los españoles. El derecho de la ciudadanía a la información y la comunicación, por ejemplo, necesita de un impulso serio y, si nos apuran, de un aldabonazo que haga ver a los poderes públicos, a las instituciones y a los actores sociales la importancia que entraña.

Por distintas razones, no soplan vientos muy favorables para ese derecho, condicionado o amenazado desde distintos puntos de vista. Bien por restricciones bien por excesos, ese derecho fundamental y constitucional requiere un apuntalamiento legal, un marco que fije las reglas del juego y en el que los medios y la ciudadanía sepan a qué atenerse.

No es solo la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (popularmente conocida como Ley Mordaza) lo que preocupa, aunque se sitúa como uno de los primeros objetivos para modificarla o revisarla, prácticamente en su totalidad. El asunto generó mucho espacio en las ofertas programáticas de la práctica totalidad de los partidos políticos y propició debates en las pasadas campañas electorales hasta convertirse en una demanda de organizaciones cívicas y agentes sociales, de modo que los grupos parlamentarios en la oposición tienen todo un campo que cultivar con tal de obtener resultados que no solo espanten represalias y autoritarismos sino que propicien comportamientos sociales maduros y ajustados a las exigencias de la sociedad de nuestro tiempo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anticipado en Galicia el pasado fin de semana, que esta debe ser la legislatura del diálogo. Pues ahí tiene una materia en la que debe esmerarse.

Ha sido la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP) la que ha reivindicado recientemente una Ley General de la Comunicación que pudiera estar en consonancia con la legislación vigente en la Unión Europea (UE) y en otros países del mundo. El órgano ejecutivo de la FeSP ha aprovechado para recordar que no es solo la Ley Mordaza lo que se debe estudiar y debatir. Reclama que en esa norma general conste la definición de los derechos y deberes de los periodistas así como el estatus de los colaboradores y periodistas a la pieza. Llega más lejos la Federación cuando plantea con toda nitidez que una tercera parte del espacio radioeléctrico quede reservada para emisoras de radio y televisión del Tercer Sector sin ánimo de lucro.

Y ya que estamos, se debería afrontar la reforma de Radiotelevisión Española (RTVE), tan cuestionada en su modelo y en la tendenciosidad de algunos tratamientos informativos de sus espacios que han generado una considerable pérdida de credibilidad y capacidad competitiva. Si hay voluntad política (cabe dudarlo) sería bueno reconsiderar el sistema de elección del presidente, aunque es más relevante que se remarque el papel de servicio público cualificado y que disponga de financiación suficiente. Para que vuelva a apreciarse el pluralismo y la independencia del Gobierno, hay que trabajar y cambiar mucho la filosofía.

No es imposible, claro; pero a ver cómo lo aceptan el Gobierno y los grupos que lo sustentan. Ya de dijo: algo más que voluntad política.