PARA EMPEZAR

Se supone que el lector, a estas alturas, ya debe estar al tanto del nuevo Gobierno. Suerte y aciertos. Sobre todo, en algunas materias de las que quizá el lector no ande tan impuesto: la reducción del déficit, que nos afecta a todos, y que supone un ajuste presupuestario de cinco mil quinientos millones de euros. No es que las demás asignaturas sean más llevaderas, ni mucho menos, pero esta de la fiscalidad, con repercusiones propensas a la impopularidad, tiene, desde luego, aristas complicadas.

¿Qué hará el nuevo ejecutivo, ahora que se acabó el período de las funciones, esa provisionalidad alimentada por los reconfortantes registros turísticos y el consumo compulsivo? No somos, como saben, expertos en esa materia pero este aspecto concreto no es para pasar de puntillas, de modo que entre las alternativas que maneje el Gobierno, la primera debe ser una reforma fiscal integral orientada a la recaudación de esa cantidad para salvar los restos del naufragio del Estado de bienestar. Pero eso implica, en lenguaje coloquial, apretarse de nuevo el cinturón: si las clases medias y las menos favorecidas ya han probado el amargo sabor de las restricciones y de los sacrificios, que se preparen. Vienen más. La de explicaciones que habrán de dar los responsables y sus aliados para persuadir de la necesidad de las medidas.

Cinco mil quinientos millones de euros. Lo ha señalado sin dobleces Bruselas para situar el déficit de 2017 en el 3,1%. Sin querer alarmar: a ver de dónde y cómo se saca ese importe pues la recaudación tributaria en los primeros nueve meses del presente año se ha visto reducida, según las propias cuentas oficiales, en un 1,3% respecto al mismo período de 2016. Por cierto, otra caída de ingresos: la del Impuesto de Sociedades, en un 25%. Con esos porcentajes, tendrán que hacer, cuando menos, ingeniería contable.

A la espera, entonces, de bálsamos y cataplasmas, o de esa reforma integral fiscal, las recetas que vienen son las previsibles: recortes del denominado gasto social y nuevos incrementos tributarios. En ese sentido, volvemos a los elementales razonamientos de siempre: el principio de garantía de distribución de los ingresos de forma equitativa tiene que cumplirse. Se trataría de reformar el sistema tributario para acomodarlo a la mayoría de las rentas de los ciudadanos, es decir, que paguen más quienes tienen más recursos, de modo que la presión fiscal no se cebase con los contribuyentes de renta media-baja. El objetivo añadido sería reducir los márgenes de desigualdad, que siguen siendo amplios y, en algunos casos, como la brecha salarial, dolorosos.

Si se quiere recaudar más, hay que efectuar medidas correctoras valientes como gravar las grandes fortunas o poner freno y transparentar los mecanismos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), que gozan de ventajas fiscales a la hora de materializar su objeto social es que es invertir en activos financieros. Esas medidas deberían complementarse con un plan eficaz y creíble de lucha contra el fraude fiscal que igual alivia la carga impositiva de los contribuyentes: dos mil euros anuales en tributos. Ya está bien.