2017, UN AÑO EUROPEO

El presente año coincide con algunos relevantes aniversarios europeos. Se cumplen, por ejemplo, sesenta años del Tratado de Roma (1957) y veinticinco del firmado en la ciudad holandesa de Maastricht (1992), dos hitos en la construcción de la actual Unión Europea (UE). Coinciden en unos momentos delicados para este proyecto que aglutina afanes y propósitos de los pueblos del viejo continente pero que no termina de aprobar asignaturas como las situaciones de emergencia o la defensa de los derechos humanos (la crisis de los refugiados es la prueba más evidente), en tanto debe afrontar también riesgos de fragilidad estructural de imprevisibles efectos sociales y económicos como son los inherentes al 'brexit'.

Será, pues, 2017 un año a tener en cuenta desde el ángulo europeísta. Ya hemos conocido el aperitivo de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales (CALRE), que agrupa a setenta y cuatro parlamentos regionales de ocho países de la UE y a cuyo frente se sitúa el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán Sánchez. La CALRE tiene como objetivos principales profundizar en los principios democráticos y participativos en el marco de la Unión; defender los vaores y principios de la democracia regional y estrechar los lazos entre las asambleas legislativas regionales. El intercambio de buenas prácticas es una interesante pauta de funcionamiento. Entre los Grupos de Trabajo que se integran, por cierto, está el de Migraciones y políticas de refugiados y menores no acompañados que actuará bajo la co-coordinación de la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias San Sebastián; y del presidente del Consejo Regional de Molise (vigésima región de Italia), Vincenzo Cotugno.

También ha iniciado un nuevo ciclo el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), presidido ahora por el italiano Stefano Bonaccini y en el que cinco de los veintitrés portavoces elegidos por el Comité Director son españoles. En el CMRE tienen claro que el papel de municipios y regiones debe reafirmarse para contribuir a la recuperación de la fortaleza de una Europa unida.

Sin esa unidad, será difícil cree en la operatividad de la UE, a cuyas estructuras y organismos se suele acudir cuando hay un problema desatado y no cuando es necesario fijar prevenciones y medidas pragmáticas para afrontarlo. Europa, en ese sentido, tiene que volver a ser una esperanza real. Hay que procurar respuestas eficaces a la ya citada crisis de los refugiados pero también al robustecimiento de la democracia local y de las nuevas agendas urbanas antes de que los populismos radicalizados sigan avanzando y sembrando tanto la preocupación como el escepticismo en amplias capas de población.

Datos como el que las dos terceras partes de esa población vive en ciudades y que es en ellas donde se concentra un registro superior al 70% del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita europeo (desarrollo económico, innovación, conocimiento, talento, creatividad y diversidad) pero también exclusión social, pobreza, emergencia de guetos e inseguridad ciudadana, hacen que se deba tener muy presentes las decisiones de las instituciones europeas pues su incidencia en consistorios y en las políticas locales en general, en la vida cotidiana, hacen que la ciudadanía perciba y evalúe sus efectos. La Europa de las ciudades y la de los ciudadanos tiene que ser una realidad palpable antes de que se apodere, a imagen y semejanza de la que se aplica a la ONU, esa frase insoportable: Europa no sirve para nada.