Pues
habrá que estar muy atentos, sí, a la próxima reunión de la
comisión del Pacto de Toledo que está procesando las aportaciones
de los expertos para afrontar la reforma de las pensiones, previo
envío al Gobierno. La reciente comparecencia en el Senado del
gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ya es todo un
mensaje inquietante: o subir impuestos o bajar pensiones.
Está
previsto que la comisión se reúna mañana martes para estudiar las
recomendaciones que los grupos políticos han de manifestar, entre
otras cosas, para contrastar los cumplimientos e incumplimientos de
los criterios introducidos en años anteriores. Recordemos que los
ejes básicos giraban en torno a la defensa del sistema, a la
clarificación de las fuentes de financiación y al mantenimiento del
poder adquisitivo y mejora de las pensiones.
Desde
estos ejes se ha de llegar a la actualización del balance económico
patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social, un hecho
indispensable para vislumbrar el cumplimiento de los objetivos que se
tracen para el futuro. Veremos ahí cuál será la posición del
Gobierno que ya derogó en 2012 una Ley en virtud de la cual se podía
compensar las deudas que tiene la Seguridad Social con el Estado,
traspasando su patrimonio y sus inmuebles.
La
incertidumbre que alimenta la viabilidad del sistema de pensiones se
acentúa con la suerte que corran las que afectan a los jóvenes y a
los colectivos más desfavorecidos por razón de género. Esos
propósitos de futuro son impulsados por los representantes del PSOE
en la comisión que valoran el papel de los jóvenes “protagonistas
esenciales en el fortalecimiento del sistema de Seguridad Social”,
con el fin de comprometerles y hacerles sujetos activos de ese
sistema. Se trata, en cierto modo, de robustecer los principios de
solidaridad social, “de modo que -dicen los socialistas- no solo
los actuales pensionistas sientan garantizadas sus pensiones sino que
esa confianza se extienda también a los jóvenes”. Es
indispensable que para hacer efectiva esa recomendación haya
abundante información sobre el alcance del sistema, su
funcionamiento y los derechos y obligaciones que ha dispuesto al
respecto la Seguridad Social.
La
iniciativa socialista arranca de una premisa: a la hora de asegurar
la financiación, no caben “modificaciones radicales” del sistema
que rompan con los principios de solidaridad, suficiencia de
prestaciones, equidad en el reparto de cargas y responsabilidad
pública en la dirección y gestión del sistema. Por eso, su
recomendación incide en el ámbito de las pensiones contributivas
que, en su planteamiento, debe mantenerse sin alterar su naturaleza,
en tanto que “no parece adecuado parcelar” sus diferentes
prestaciones en función del origen y en relación a las pensiones de
supervivencia (viudedad y orfandad). Y aquí surge una conexión con
el anticipo hecho por el gobernador del Banco de España: aún
manteniendo la cotizaciones sociales como fuente básica de
financiación, el PSOE admite en sus recomendaciones que las
pensiones contributivas puedan recurrir a fondos económicos
adicionales basados en la imposición general.
Con
respecto a las pensiones no contributivas, la formación socialista
sigue estimando que deben financiarse con aportaciones del Estado a
la Seguridad Social.
Los
colectivos de jóvenes tienen que ser conscientes de que este asunto
les concierne directamente. No cabe desentenderse y que otros
resuelvan. Los principios de solidaridad entre generaciones, ante las
incertidumbres desatadas, deben cultivarse sin reservas. Porque un
día dejarán de serlo y si entonces no andan provistos...
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