¿NEUTRALIDAD?

 

Con los profesores ocupados en corregir exámenes y los alumnos apurando sus quehaceres, todos pensando en la playa liberadora o en las cumbres frescas, o sea, en las vacaciones reparadoras, el fin de curso escolar se ve envuelto en Canarias por la controversia que suscita una instrucción de la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes el Gobierno autónomo, relativa a las actividades extraescolares que se desarrollen en los centros educativos para garantizar “la neutralidad” de las  mismas y “evitar que el odio entre en las aulas”, según manifestó en sede parlamentaria el consejero del ramo, Hipólito Suárez (PP).

La conferencia de un influenciador de extrema derecha, dictada en un instituto, relativa al buen uso de las redes sociales, es el núcleo de la polémica que, por ahora, no alcanza los niveles de aquella “Educación para la ciudadanía” que desquició hace años a no pocos sectores sociales, sindicales y profesionales.

El consejero respondió a una pregunta de la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández sobre esta instrucción asegurando que en los centros educativos se trabaja en programas como la educación afectivo-sexual. “Mire lo que se hace en los centros educativos, que no está vetado: educación afectivo-sexual, comprender Palestina, diversidad sexogenérica, retos y perspectivas, también prevención en adicciones, educar desde la empatía y la diversidad... “Esto es lo que recogen las instrucciones del curso 2026. Unas instrucciones que ustedes no han criticado”, afeó el consejero a Nueva Canarias.

La diputada de esta formación, Carmen Hernández, que pidió a la consejería que rectifique con esta instrucción, recomendó a Suárez que “se coloque en el lado bueno de la historia” y añadió que “cada vez se parecen más a la extrema derecha”. A su juicio, “no podemos ser neutrales”. “Tenemos que ponernos del lado correcto de la historia: la paz, la solidaridad, el respeto a la vida humana, los derechos humanos, y la escuela tampoco puede ser neutral”.

“Nos preocupa la deriva de su Gobierno”, incidió Hernández, que añadió que es necesario trabajar “a favor de la defensa de la democracia, de los valores constitucionales, de los Derechos Humanos, de la vida digna, de la igualdad de género, de la lucha contra la violencia machista, a favor de los derechos sindicales y de los derechos civiles y que no deje que la censura entre en la escuela”.

El consejero concluyó el debate remarcando que en los centros educativos “de esta tierra lo que sí hay es libertad” y añadió “libertad a la hora de poder trabajar los Derechos Humanos, que creo que nos identifican a todos, todos nos tenemos que identificar con ellos”, dijo mientras mostraba diversos trabajos de centros educativos de Canarias que tenían que ver con la igualdad o contra el racismo, entre otros.

“Y lo que no se puede permitir es que se incorpore a los centros educativos el discurso del odio, de la insolidaridad, del no a la diversidad, de no a la igualdad, de no a las familias, todos sus caracteres. Eso es lo que no se puede permitir en los centros educativos de Canarias. Las instrucciones están para poder llevarse a cabo. Y, lógicamente, que son mejorables, por supuesto, como se mejora todo en esta vida. Pero lo que no cabe en las instrucciones, y se lo digo otra vez, es el odio, no al odio a la Escuela Canaria”, agregó el consejero.

La instrucción de la consejería causante de la controversia versa sobre organización y funcionamiento de los centros no universitarios. La disposición 3.4, en efecto, establece que “no se podrá autorizar la realización de conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por individuos, grupos, organizaciones o colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral y no respete los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución en espacios e instalaciones de los recintos escolares”. El asunto ha suscitado críticas entre colectivos y grupos políticos quienes tachan de “censura” la medida introducida por la Administración, bajo el principio de “neutralidad institucional”.

La Consejería aclara que esa instrucción se aplica “sin ningún tipo de incidencia desde este curso que termina y surge para proteger a los equipos directivos y docentes cuando programan o les solicitan impartir charlas o ponencias en centros educativos y que pueden no resultar del contenido que inicialmente esperaban o se expresan desde una parcialidad que puede influir directamente en la percepción de unos determinados temas por parte del alumnado, en una etapa de su desarrollo especialmente sensible”.

Dos opiniones más para contrastar las aristas de esta polémica que no ha subido el tono, a sabiendas de que puede alcanzar niveles preocupantes dado el clima de crispación política, beneficiada por la sucesión de otros temas en el panorama informativo. Que se hable de censura empieza a ser inquietante. Para la Red Feminista de Gran Canaria, un ejemplo,  “se trata de un planteamiento preocupante que abre la puerta a cuestionar y excluir iniciativas sobre igualdad, feminismo, educación afectivo-sexual, diversidad, prevención de las violencias machistas o derechos humanos” y añade que “cuando se utiliza el concepto de “neutralidad” sin definirlo, se corre el riesgo de equiparar la defensa de los derechos humanos con opiniones políticas que los cuestionan”.

“Puede generar censura en los centros educativos, limitar la autonomía del profesorado, dificultar la prevención de las violencias machistas e invisibilizar el trabajo por décadas han desarrollado organizaciones sociales y profesionales especializadas”, agrega el colectivo.

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) ya trasladó hace unos días su “más absoluto rechazo” al contenido del punto en cuestión. La organización considera que la Consejería introduce un mecanismo “ambiguo y peligrosamente arbitrario” que puede convertirse en una herramienta de “censura ideológica en la escuela pública.

La organización asegura que lo “verdaderamente preocupante no es que existan ideas diversas en los centros educativos; sino que una Administración pretenda decidir cuáles son aceptables y cuáles deben ser excluidas”.

Además, el sindicato recuerda que “la normativa vigente ya contempla límites suficientes frente a discursos de odio, violencia, racismo o xenofobia”. Por tanto, considera que, “este nuevo apartado no responde a una necesidad jurídica real, sino a una voluntad política de controlar el discurso público dentro de los centros educativos”.

Precisamente, el portavoz de STEC-IC, Iván Morales, aclara que para el sindicato la “gravedad” de la disposición 3.4 de la resolución reside en que si la Administración deja por escrito una instrucción a los centros “ya condiciona y fomenta una autocensura”, y añade que, aunque sean los equipos directos o el Consejo Escolar, es la Consejería, “el jefe directo quien ha impuesto un aviso”.

Con esto, Morales se refiere a que el área en cuestión está gobernada por el Partido Popular y lanza una pregunta: “¿Es el PP un partido neutral?”

En este contexto, el portavoz acusa al actual departamento que tienen ejemplos de haber actuado “de forma no neutral, fomentando su propia ideología en diversos aspectos”.