Se necesitan secretarios

El ministerio de Transformación Digital y Función Pública convocó el pasado año unas mil plazas en toda España para cubrir las diferentes especialidades de la administración local. De ese número, treinta y nueve quedaban reservadas para Canarias, número que, en distintos ámbitos, administrativos y profesionales -también políticos, seguro- se considera insuficiente para atender todas las demandas que se van acumulando en los ochenta y ocho municipios de las islas, además de las que se registren en las respectivas administraciones insulares. Si no hay funcionarios o personal cualificado, ya saben, se dilatan los procedimientos, la tramitación y la toma de decisiones que es tanto como decir que se acumulan las demoras -especialmente en la esfera municipal- para quebrantos y descontentos que se van generalizando.

Secretario, interventor y tesorero o depositario deben seguir siendo -nuestro vínculo con la administración local empieza a ser ya muy lejano y de algunas innovaciones apenas sabemos lo elemental- las tres figuras principales en la estructura o edificio administrativo. En algunos centros, dadas la escasez o las limitaciones, una misma persona ejercía -siquiera provisionalmente, a la espera de proveer u ocupar la plaza- dos de estas funciones a la vez.

La figura del secretario de ayuntamientos, junto con los interventores y tesoreros, pueden entenderse como una especie de contrapoder, que nació en 1924 con el Estatuto Municipal, para hacer frente al caciquismo que había entonces en el país, así como los episodios frecuentes de corrupción que se producían.  Un propósito que generó, de alguna forma, estas figuras que no han cambiado las prioridades e intentan salvaguardar la transparencia en los ejercicios públicos.

Hace unos meses, Marta Prieto, periodista de Radio Club Tenerife, se ocupaba de los problemas que se suscitan en las secretarías de ayuntamientos y obtenía el testimonio de Jordi García, secretario en el de Tacoronte (Tenerife), quien explicaba su trabajo de la siguiente manera: "Asesoramos jurídicamente al equipo de gobierno, como a los concejales del consistorio, con el fin último de que todo lo que se tramite o acuerde por los órganos de gobierno estén ajustados siempre en el plano de la legalidad". O sea, garantizar el cumplimiento de la legalidad en todas las decisiones políticas.  Además, García añadió que otra de las acciones fundamentales que deben de desempeñar los secretarios de ayuntamientos es dar fe pública. Por lo que, cualquier tipo de acuerdo, resolución o decreto que se adopte por parte de las figuras políticas tiene que estar certificado con la firma del secretario local: "Es una garantía de que el acuerdo ha cumplido con los límites legales establecidos".

El problema se agrava con el automático aumento de la carga laboral para los secretarios. Dijo García que “es verdad que en los últimos años se han puesto más esfuerzos en los procesos de estabilización del cuerpo de profesionales para intentar cubrir todas las vacantes que hay en el territorio nacional. Pero, si que es cierto que hay una escasez de habilitados y esto afecta al día a de los ayuntamientos debido a que nuestras funciones requieren de un alto grado de especialización al ser preceptivas y cuando no existe la figura del secretario como tal, suelen asumir este trabajo otros empleados públicos que no tienen la formación que precisa el puesto, entorpeciendo el proceso de decisiones".

O sea, que por mucha nueva tecnología, la burocracia seguirá creciendo. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Que para eso estamos en un Estado de derecho.