Hasta el ciudadano más profano en materia de cuentas
públicas, hasta el más alejado de la información política y económica, no
recuerda una contestación igual. Han sido todos, ¡eh!, todos los grupos
políticos, todos los sindicalistas, casi todos los presidentes autonómicos y
muchos responsables de organizaciones sociales los que han alzado su voz para
rechazar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hasta algún testimonio
empresarial de descontento circula por ahí.
Nadie está
conforme, seguro que mucha gente del Partido Popular (PP), tampoco, aunque no
lo explicite. Algunos se consuelan con el sonsonete de que son los únicos
posibles, amenizado por lo de la herencia que aún esgrimen con cierto
patetismo. Pero el rechazo es casi unánime, otra señal clara e indubitada de
que no gustan las políticas y las medidas ahí contenidas. Sobre el papel, son
unos presupuestos que empeoran la situación, que empobrecen -hemos leído que
los efectos de la subida de impuestos se van a notar partir de enero,
precisamente- y que, en definitiva, suponen un aldabonazo al estancamiento,
mejor dicho, al retroceso que desde hace algún tiempo venimos experimentando.
Y eso que el
debate no ha hecho más que abrirse, apenas han transcurrido las primeras desde
su aprobación por el Consejo de Ministros y su presentación pública. Si este es
el comienzo, ¿cómo serán los postsupuestos? ¿Cuál será el escenario
político-social cuando se empiece a ejecutar? ¿Qué restos podrán salvarse? ¿Qué
sucederá con todo lo que se desaparezca o liquide por insuficiencia
presupuestaria, nunca mejor dicho? Pongámonos en lo peor, sin querer alarmar
más que las mismas cifras y magnitudes presupuestarias. Si con estos
Presupuestos pretenden generar empleo o mejorar la productividad económica,
estamos apañados. La realidad, después de estas previsiones económicas, es
dramática y seguramente insostenible.
Lo de
Canarias, si permiten una expresión coloquial, es para mear y no echar gota.
Es, con un ministro paisano en la mesa de decisiones, como si de una condena se
tratara. Veamos algunas pruebas apreciadas tras un primer examen: la dotación
del convenio de carreteras pasa de 207 a 54 millones de euros. Venga autovías a
quedarse sin completar. El transporte regular por carretera se reduce de 30 a
25 millones de euros. Venga a suprimir líneas y frecuencias. Y las más gruesas:
las potabilizadoras se quedan sin subvención -¡con qué agua regaremos y
consumiremos!- y los aspirantes a obtener empleo deben saber que los programas
inicialmente dotados con 42 millones de euros pasan a tener solamente 10. Como
para que sigan albergando esperanzas.
De la
lectura de otros conceptos y capítulos es probable que se desprendan otras
malas previsiones. Con las cuatro escogidas cabe trazar un oscuro panorama. Los
postsupuestos puede ser peores, desde luego, que estos cálculos que sólo
permiten asegurar que habrá más pobreza, menos calidad de vida, más desempleo y
nulas perspectivas de crecimiento.
No nos queda
nada.
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