DE PARCHES

Es bastante complicado el asunto de los desahucios, elevado a la categoría de drama social, con resultados trágicos en algunos casos. La sociedad ha reaccionado, ha enseñado una vena solidaria como no suele hacerlo y ha despertado conciencias políticas demandando y forzando soluciones que, desde el ángulo político, por ahora, no llegan, al menos de forma estable para despejar las incertidumbres que siguen caracterizando el problema.

El Gobierno, agobiado y desbordado, pero con su mayoría 'absolutista' y el apoyo puntual de Unión, Progreso y Democracia (UpyD), aprobó días pasados una medida consistente en prolongar durante dos años la estancia en su vivienda de quienes la habitan con avisos de ser desahuciados. Debe ser considerablemente retrictiva cuando, según los primeros cálculos, el número de familias que podrían acogerse es bastante inferior al de las cuales no van a poder beneficiarse. Se trata, pues, de una moratoria que huele a parche con el que se alivia pero no se resuelve la situación. Porque no se frena el proceso de desahucio que esté en trámite. Y porque no se paraliza el aumento de la deuda hipotecaria ni se impide la pérdida de la propiedad de la vivienda. Las soluciones a problemas socialmente injustos que se han ido multiplicando entre miles de personas y familias que aparecen envueltas en complicados trances de desigualdad procesal y contractual y han de afrontarlos, sin recursos y con todas las puertas cerradas prácticamente, ante los bancos, muchos de los cuales son deudores del Estado, las soluciones -decíamos- se van configurando cada vez más difíciles si tenemos en cuenta la disparidad política, la rigidez bancaria y las propias circunstancias de la recesión que ennegrecen el horizonte.

De poco sirve ya lamentarse de que bancos y cajas, durante años, concedieran créditos hipotecarios sin garantías de que iban a ser abonados. Como de escasa utilidad ha resultado aquel Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios que aprobó el ejecutivo de Rajoy en la primavera pasada con el fin de propiciar la dación en pago. Su aplicación era voluntaria para los bancos. Cuando sólo se han registrado cuarenta y dos casos de esta figura, según datos facilitados por el propio ministerio de Economía, poco o nada se ha avanzado en la solución del problema. Desde ahí se aprecia también el olor a parche.

Todo da a entender que es necesario introducir importantes modificaciones en la normativa, especialmente en la Ley Hipotecaria. Dada la dimensión del drama, y aún contando con que no va a disminuir la tensión social, ni por ésta ni por otras causas, cabe exigir el máximo consenso posible en el proceso legislativo. Hay que pensar en una Ley que conceda más tiempo a los hipotecados para pagar su deuda cuando no puedan afrontarla por causas sobrevenidas. Y que, por tanto, garantice que por tal razón nadie podrá ser desalojado de su vivienda. Es decir, consenso para una norma estable a largo plazo. Que esté clara para las partes, bancos incluidos, a ver si así se aflojan sus escrúpulos.

Lo contrario sería prolongar la agonía. Inquieta la duración de los parches. De aquí a dos años, la legislatura debe estar agotada y es como si se dejara la asignatura para ser dirimida en la próxima convocatoria electoral, aunque bien mirado, obligará a los partidos a elaborar una oferta programática en este asunto que les debe servir, teóricamente, para recuperar fiabilidad. Pero dos años puede ser muy largo tiempo. La agonía significará ver a entidades bancarias o financiera en trance de ser más flexibles porque así se lo ha pedido el poder político. Flexibilidad equivale a renegociar. Pero como las restricciones gubernamentales no cesan, como las previsiones son negativas y como las exigencias de organismos externos apremian, el panorama sigue siendo desolador: habrá más desahucios porque habrá más desempleo.

O sea, que la tragedia social sigue su curso. Y sin techo para muchos.