MENSAJE ULTRAECONOMICISTA

Pues no, tampoco fue el viernes pasado cuando el consejo de ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se aguardaba con interés, especialmente en el ámbito municipalista, pero quedó para otra ocasión. Se ha cruzado el ecuador del mandato y se suponía, independientemente del curso de la tramitación parlamentaria, que era un tiempo apto, aunque insuficiente, para que los ayuntamientos, por un lado, hiciesen preparativos de futuro, adaptándose a la nueva normativa; y para que, los partidos políticos, por otro, elaborasen estrategias y fijasen posiciones en orden a superar notables incertidumbres que envuelven la próxima convocatoria de comicios locales en 2015.

            Hasta el propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, aunque cauto, se había mostrado esperanzado de que se concretara alguno de los tímidos avances derivados del largo y tortuoso proceso de negociación en el que las opciones políticas progresistas y nacionalistas, por cierto, han hecho sonar tambores de disconformidad. El presidente de los alcaldes españoles valoró esos avances, principalmente en lo que concierne a “la definición del coste estándar, que pasaría a ser un elemento de referencia y que con ello se suprimirían todas las grandes preocupaciones que existían en cuanto a la pérdida de competencias”. Sin embargo, la asunción de éstas por parte de una institución supramunicipal o la forma de prestar los servicios mantienen unas incógnitas muy acentuadas. Sigue sin estar claro, desde luego, ese coste, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los municipios.

            Ya hemos comentado que el dictamen del Consejo de Estado fue un auténtico varapalo para el Gobierno. A ver cómo encajan sus directrices después de haber concluido que se producía el menoscabo del principio de la autonomía municipal y después de la incidencia que en el desenvolvimiento de las corporaciones locales han tenido en el presente mandato la Ley de Estabilidad Presupuestaria y unos planes de ajuste orientados a la materialización de pagos a proveedores.

            Y a ver qué se hace con esos criterios tan restrictivos o tan reduccionistas a la hora de concebir el municipalismo del futuro. Al Gobierno le obsesiona el ahorro, la austeridad. Y así lo ha reflejado en el texto original. Pero tengamos presente que de los ocho mil ciento dieciséis ayuntamientos españoles, seis mil ochocientos cincuenta tienen una población inferior a cinco mil habitantes. Hay que consignar que frente a la realidad de varios casos en los que alcaldes cobran más que el presidente del Gobierno o los ministros, en esos miles de consistorios o no se cobra o se cobra muy poco.

            Ha sido el mensaje ultraeconomicista del ejecutivo: reducir para ahorrar. Pero la supresión de concejalías sólo acarreará una representatividad menguada y menos pluralidad en las instituciones. Se resentirá la democracia. Habrá menos participación. ¿Es eso lo que quiere el Partido Popular? Todas esas mermas repercutirán, por supuesto, en partidos pequeños, en agrupaciones de electores, en formaciones de ámbito localista a las que resultará muy complicado poder desarrollar los cometidos que parte de la ciudadanía les pueda haber confiado.

            Tras el nuevo aplazamiento de la reforma local, la incertidumbre se sigue multiplicando. Todo hace suponer que, sin consensos básicos, y con el Gobierno ocupado en otros menesteres prioritarios, la evolución de la tramitación en las Cortes puede ser un proceso largo y tortuoso que complique aún más el porvenir de la institucionalidad local española.