PENSIONES, ENTRE INCUMPLIMIENTO Y REDUCCIÓN

“Apoyaremos el nuevo papel de los mayores no solo en la familia sino en el conjunto de la sociedad, eliminando toda discriminación laboral, ampliando el ámbito de los servicios sociales donde pueden colaborar y promoviendo un sistema de pensiones más flexible. El Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones” (Programa electoral del PP, noviembre 2011).

“Si hay algo que no tocaré son las pensiones, he dado esta instrucción” (Mariano Rajoy, entrevista en TVE, 10 septiembre 2012).

“El pensionista es la persona más indefensa, la que lo tiene más difícil y no va a tener otra oportunidad” (Mariano Rajoy, Europa Press, 10 septiembre 2012).

“Siempre que podamos, seguiremos subiendo las pensiones” (Mariano Rajoy, Abc, 12 junio 2013).

“Rajoy desoye al comité de sabios y baraja revalorizar las pensiones” (Deia, 31 agosto 2013).

Y, por ahora, pongamos fin a las citas, a las referencias programáticas y periodísticas publicadas (son muchas más, claro que sí) para ir descifrando el lío que se avecina con las pensiones. Parece claro, con las últimas medidas anunciadas por el Gobierno sobre el particular, que estamos ante un nuevo incumplimiento y que ni el Pacto de Toledo tan invocado ni la valoración que hizo en su día el presidente de la personalidad ‘indefensa’ del pensionista, frenan la reducción que de facto supone anualmente la revisión de la Ley con un incremento del 0,25% anunciada por la ministra de Trabajo, un supuesto factor de sostenibilidad. Hasta ahora, la norma consignaba una subida correspondiente con la desviación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Es inevitable que los mayores de este país se sientan como un juguete en manos de quienes gobiernan. Mantener, reducir, revalorizar… todo en pocos meses. Y es que esta medida significa disminuir todas las pensiones (actuales y futuras) año tras año, al condenarlas a una pérdida real de poder adquisitivo anual. Baste comprobarlo con cuentas sencillas: si el aumento medio anual del IPC es del 2%, por ejemplo, con esta subida del 0,25% que fija el Gobierno, todos los pensionistas perderían un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Si se toma en cuenta un horizonte temporal de los próximos diez años, habrán perdido entre un 17,5% y un 20% de poder adquisitivo y, por tanto, de reducción real de su pensión.

Ese factor de sostenibilidad, basado en registros de crecimiento económico y demográfico, condiciona enormemente la cuantía y el poder adquisitivo de las pensiones, las que no se iban a tocar. Imaginemos qué hubiera pasado si hubieran anunciado lo contrario. O si no hubieran dado determinada instrucción. Si el Gobierno, como pretende, acaba no diferenciando entre los jubilados que tienen las pensiones más altas y la inmensa mayoría que reciben una pensión media o mínima, la sensación de maltrato es inevitable. Más pobres, en número y en capacidad de subsistencia. No olvidemos, aunque suene demagógico, que la mayoría de los jubilados españoles ni tienen cuentas en Suiza ni son suplementados en sus percepciones mensuales.

Digan lo que quieran, la desprotección de los ciudadanos es evidente.