DUELE EL BOLSILLO (¿AH, SÍ?)

Ha pasado bastante inadvertido el acuerdo adoptado, en su última sesión, por el pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, relativo a la supresión de todas las bonificaciones de las ordenanzas fiscales, excepción hecha de las obligatorias por ley. Suele ocurrir. Entre la apatía, la escasa información, los deseos interesados en pasar de puntillas y la desmotivación, más las pocas ganas que se tienen de protestar, hay medidas que, aun significando en la práctica un encarecimiento en el abono de servicios públicos y, por tanto, en determinadas utilidades o condiciones de vida, se despachan sin mayor repercusión que la de una referencia periodística a su aprobación. Ni siquiera el período de exposición pública será aprovechado como se debiera. Duele el bolsillo -¿ah, sí?- pero da igual: luego, cuando ya no haya nada que hacer, vendrán las protestas y los lamentos inútiles. Ni el derecho al pataleo servirá.

            Lo cierto es que, amparándose en un Real Decreto que teóricamente trata de sustentar a entidades locales con problemas financieros (a costa de los contribuyentes, faltaría más), el pleno portuense, con los votos del gobierno (CC+PP) -la oposición, unida, lo hizo en contra- , acordó finiquitar los descuentos que para pensionistas, jubilados y desempleados que ingresaran menos del salario mínimo, llegaban a ser del 50% a la hora de abonar la tasa por la recogida domiciliaria de basuras. Punto final también a las reducciones que se aplicaban a quienes instalaban tecnología para aprovechamiento de la energía solar. Se acabó, asimismo, la reducción del 50% en el Impuesto de vehículos clásicos o dotados con motores eléctricos. Y ya puestos, adiós a las bonificaciones en las inscripciones en la Universidad Popular Municipal ‘Francisco Afonso’ y en la Escuela de Música.

            Pero, del acuerdo eliminatorio del gobierno local, sobresale -y duele, vaya que sí- otro apartado: el que afecta a los precios de acceso al complejo turístico ‘Costa Martiánez’ (Lago). Los naturales y residentes pasarán a pagar un 83% más sobre las tarifas cuya vigencia termina a finales del presente año. En términos absolutos: los mayores de diez años abonan 3 euros. La entrada, con esta medida de CC+PP, pasará a costar 5,50. De esta forma, se acaba una compensación histórica: cuando la playa Martiánez fue arrebatada al pueblo para construir el complejo -con el paso del tiempo, un sostén indiscutible de la economía local-, las últimas corporaciones preconstitucionales decidieron rebajar el importe del acceso a las instalaciones a los naturales y residentes que lo acreditasen. Los ayuntamientos democráticos perseveraron en la medida. Curioso: salvo error u omisión, el actual alcalde participó de los dos acuerdos. Bonificar y suprimir. Una ironía más del destino político.

            Está claro que los nuevos precios tienen mucho que ver con la concesión administrativa (privatización, para entendernos) que prepara el gobierno local ya sin disimulo. Lo descubrimos en su momento y logramos frenarlo. Se trata de preparar las condiciones para quienes aspiren a disponer de la joya de la Corona. Ojalá que no resulte un fracaso más que añadir a la desgraciada -por los resultados- política de privatizaciones que durante los últimos años se han sucedido.

            Pero ni por el Lago protestan los portuenses. En el pleno, los grupos de oposición hablaron de medidas injustas, impopulares y empobrecedoras. Pero poco más ha trascendido, cuando parece evidente que se trata de una baza política para rescatar a una ciudadanía anestesiada, para despertar las conciencias y luchar contra el acriticismo y el conformismo timorato que, salvo alguna excepción, se han instalado en casi todo lo que concierne a la política municipal.

            Quizás por esas mismas razones, una información no desmentida como es que la deuda del Ayuntamiento se ha incrementado en 47 millones de euros en diez años, pasando de 13 millones en 2003 a 60 en nuestros días, sea también objeto de pasotismo social. Como si no repercutiera en las propias opciones de la institución y de los ciudadanos que la sostienen.