Siempre rechazamos las
burlas y los menosprecios a los discapacitados, no
digamos los tratamientos mediáticos de ese tenor o el que se utilice su
vulnerabilidad en público para obtener algún tipo de provecho, de ahí que
apreciemos ese fallo del Tribunal Constitucional consistente en amparar a un
ciudadano discapacitado físico y psíquico en un 66% que había sido entrevistado
en un programa, ya desaparecido, de Tele 5, Crónicas
marcianas.
La
resolución condena a Xavier Sardá y a su colaborador Javier Cárdenas a
indemnizar a la víctima, defendida por el letrado tinerfeño Angel Isidro
Guimerá, a la cantidad de quince mil euros, al entender que el derecho al honor
y a la propia imagen ha sido vulnerado. “Clara y censurable intención de
burlarse de sus condiciones físicas y psíquicas, atentando de esa manera no solo
contra sus derechos al honor y a la propia imagen sino incluso contra su
dignidad”, dice uno de los párrafos de la sentencia.
Cárdenas
ha publicado un texto en defensa propia. Tiene razón en lo del tiempo
transcurrido y que el fallo del Constitucional se haya dado a conocer ahora,
después de otros hechos en los que él mismo exponía aristas muy críticas,
estableciendo una relación causa-efecto, cuando menos interpretable. Puede
tenerla en lo que relata sobre la posición familiar, interesada en la obtención
de buenos ingresos siempre y cuando se llevara a cabo la entrevista. Pero no la
tiene en cuanto que, aún siendo verdad esto último, por principios y teniendo
en cuenta los rasgos de la persona, había que negarse a realizarla para evitar
escarnios y hasta los propios riesgos jurídicos que la iniciativa comportaba.
La
persistencia y buen oficio del letrado han sido determinantes. Y lo que es un
caso de sentido común cobra, con esta decisión del Alto Tribunal, una
relevancia extraordinaria con vistas al futuro. Que lo tengan en cuenta medios,
cadenas, directores y comunicadores: no se puede atentar contra la dignidad de
una persona discapacitada. En su resolución, el Tribunal Constitucional -que
corrige al Supremo, por cierto- impone a los poderes públicos un mandato de
protección a las personas con discapacidad.
Hay
que alegrarse de esta noticia porque las tentaciones proliferan en el universo
mediático sin escrúpulos. Hay “espectáculos” -y es procedente entrecomillar el
término- que no se deben producir y que resultan tan reprobables como
intolerables. Ya hablamos de escarnios, como si fuera un valor agregado.
Ya
lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Nada menos.
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