LEY LOCAL: YA ESTÁ AQUÍ

Van publicándose las primeras tablas, los primeros cálculos y las primeras incidencias de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y van proliferando las primeras dudas ante tan serias consecuencias, especialmente las referidas a la reducción de miembros de la corporación local que tengan dedicación exclusiva o el número exacto de personal eventual o de confianza que será posible contratar. Han empezado a hablar entre sí los municipalistas, han empezado a llevarse las manos a la cabeza y a concluir que, de esa forma, de confirmarse, aquí, en los ayuntamientos, no hay quien haga política. Lo demás, ya saben, es fácil deducir: no habrá quien active o gestione proyectos, no habrá quien atienda a los vecinos en sus demandas más apremiantes, será difícil atender y negociar con proveedores…

            La nueva Ley fue publicada el penúltimo día del año en el Boletín Oficial del Estado. Alcaldes y concejales de todas las competencias, de todas las categorías municipales según el número de habitantes y de todos los colores políticos se lanzaron sin reserva a desmenuzarla. Solo el cierre del ejercicio o las aprobaciones presupuestarias, las festividades de estos días y las ocupaciones derivadas de las mismas han frenado algo esa concentración de energías en torno al qué se puede hacer.

            Poco, la verdad. Quedaba la tramitación parlamentaria pero la inflexibilidad de la mayoría popular, convertida de nuevo en rodillo, mantiene sombríos horizontes. Los grupos de oposición siguen revolviéndose pero las cartas, casi todas, están jugadas. Algún dirigente del partido gubernamental, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, deja abierta una ventana a la esperanza pero tampoco hay que hacerse grandes ilusiones. Ha llegado a decir que la Ley es una barbaridad y que en su comunidad no se va a aplicar. Báilame ese trompo en la uña si el presidente gallego se mantiene en sus trece…

            Los municipalistas van a saber lo que son ayuntamientos tan limitados y tan condicionados como fueron los franquistas, dicho sea sin exageración. Se acabó su condición de administración territorial más próxima, con un elenco competencial propio. Ahora van a desempeñar el papel de entidades subordinadas que habrán de ejecutar las competencias que les traspasen las comunidades autónomas. Y lo que es peor: ese traspaso global de las competencias de menos de veinte mil habitantes a diputaciones y cabildos significará, en la práctica, su instrumentalización para hacer concesiones administrativas (privatizar, en economía del lenguaje) de servicios públicos y sociales, de modo que será necesario revisar y ajustar tasas y precios públicos que aseguren tanto las subidas tributarias a las familias como el lucro de empresas y compañías que presten los servicios.

            Por cierto, será una excelente oportunidad para contrastar nuestra tesis ya publicada, el mito menos del que hemos hablado: el Tribunal de Cuentas ha publicado un informe en el que contablemente se demuestra que los servicios prestados por la iniciativa privada son más caros en los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes que los prestados por el sector público. Y además, son de menor calidad.

            El asunto llegará al Tribunal Constitucional pero, hasta entonces, tendrán que hacer las administraciones locales un severo proceso de reorganización. Y no olvidemos que en mayo del año próximo habrá de nuevo elecciones locales. Los partidos políticos, para entonces, deberán saber muy bien qué ofertar con respecto a la nueva normativa. La vía al Constitucional va a ser utilizada, según las primeras informaciones publicadas, por comunidades como Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya, Galicia y Castilla-León.

            De plasmarse esta voluntad, sin perjuicio de otros caminos que pueden emprender los grupos parlamentarios y los propios ayuntamientos, y a la espera de que haya en la próxima legislatura una composición distinta que permita modificarla, está claro que la ejecución de esta reforma, tan ideologizada o más que otras emprendidas por el Partido Popular, se verá salpicada por una inestabilidad institucional que, tal como están las cosas, no favorece al conjunto de la ciudadanía, bastante harta, por cierto, de diatribas entre políticos y enconos que a nada conducen.

            No nos queda nada.