En un
informe elaborado por la Fundación 1 de mayo, de la central sindical Comisiones
Obreras, se señala que, actualmente, hay 3.842.438 personas que no perciben
prestaciones por desempleo. Toma como base el registro más reciente de la
Encuesta de Población Activa (EPA) que contabiliza 5.616.011 desempleados. Si
el número de parados que recibe alguna prestación es de 1.773.573 personas, la
tasa de protección se eleva al 31,6%, que desciende 0,9 puntos con respecto al
primer trimestre y 2,9 en relación al año anterior.
Esta es la otra cara de las
estadísticas del desempleo, anticipadas a conveniencia por miembros del
Gobierno, incluido el propio Rajoy, para argumentar el discurso de la
recuperación económica basada en sus políticas, reforma laboral consignada, por
supuesto. El cruce de datos, como se señala en el informe, al consignar como
beneficiarios de prestaciones a personas que no se contabiliza como parados,
favorece el resultado final. Y destaca el ejemplo: los demandantes ocupados a
tiempo parcial que compatibilizan su trabajo con una prestación aparecen en el
total de beneficiarios pero no entre los parados registrados.
Las cifras y los porcentajes, pues, son
aún elevados, lo que significa que, independientemente de la legítima alegría
que supone el acceso al mercado laboral de miles de personas, hay que ser
cautos y nada triunfalistas a la hora de interpretar las estadísticas.
Que no extrañe, por tanto, la
iniciativa parlamentaria de los socialistas en forma de Proposición No de Ley,
consistente en una ayuda de 426 euros para parados sin prestaciones con hijos,
extensible a otros colectivos que se hallen en situación de vulnerabilidad,
como las víctimas de la violencia machista, personas con discapacidad y mayores
de 45 años.
La medida, de prosperar, tendría
carácter coyuntural por un período de seis meses prorrogables mientras la tasa
de desempleo supere el 15%. La partida económica para financiar este subsidio
saldría, según los promotores de la iniciativa, del ahorro de más de dos mil seiscientos
millones de euros respecto a la cifra presupuestada para prestaciones por
desempleo en los servicios públicos de empleo estatal. Este ahorro podría sumar
seis mil millones de euros a finales del presente año.
Lo que hay: el problema del desempleo
lo sigue siendo pese a las cifras que lo han mitigado a lo largo de los últimos
meses.
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