“El Gobierno de Rajoy
‘salvará’ a La Sexta a cambio de que Wyoming y Évole ‘moderen’ sus críticas”. Así titulaba días pasados un digital confidencial la
información relativa a la presumible anulación, por parte del Tribunal Supremo,
de ocho canales de Televisión Digital Terrestre (TDT). Había que releerlo,
claro, así como la información: demasiado fuerte. Para contrastar, la consulta
con otros medios era también obligada. Estaba claro: iban en línea parecida. Atresmedia y Mediaset, los dos grandes grupos de comunicación, se temen lo peor
desde el punto de vista judicial y por eso, siempre según las informaciones
publicadas, han pedido a Moncloa, o sea, a las más altas instancias del
Gobierno que se impliquen en una solución.
Bien es verdad
que por intereses obvios (políticos, empresariales y mediáticos), el asunto no
ha cobrado mayor trascendencia. Dejar hacer, dejar pasar, o esperar que
escampe, o aguardar a que el personal resintonice los canales en el mando,
parecen ser los caminos escogidos. Es probable que así se contente a las
partes. Al menos, temporalmente.
Claro que por
muy entrecomillados que aparezcan los términos salvar y moderar, leídos
sin más dejan abiertas a la interpretación muchas incógnitas. Cierto que las
relaciones entre el poder político y las empresas mediáticas han girado siempre
en torno a eso, una negociación y unos pactos no escritos, que se van
construyendo en una cultura de trueque o intercambio: ‘tú me das a cambio de…’
y hasta el próximo conflicto, cuando haya que revisar, de facto, estos
acuerdos. Pero de ahí a admitir, sin más, que en esas alturas
político-mediáticas se zanjan las controversias de esa manera, cuesta
tragárselo.
El caso es que
ni líneas editoriales ni tratamientos informativos ni columnas o tribunas
críticas con tal o cual actuación gubernamental han escapado de decisiones
drásticas con tal de salvar equis ayudas. Existió el fondo de reptiles. Surgió
el chantajismo confidencial. Están los concursos para garantizar ciertos
ingresos. Y siguen vigentes las ayudas (legales, claro) para subsistir en
tiempos de crisis.
Pero, en la
sociedad de la información, en la democracia española que no termina de
madurar, por lo que se ve, y en pleno siglo XXI, en fin, todavía el negocio se
mueve así. Y cuando el apuro se acrecienta, venga a tocar a las puertas del
ejecutivo. Cuando le corresponde a éste mover ficha, utiliza la que o las que
le queden: ¿ustedes quieren licencias? Vale, que sea a cambio de un ‘trato
amable’, por seguir entrecomillando. Es decir, menos críticas, que se están
pasando, Wyoming, Cintora y Évole, por personalizar. Igual hasta piden las
cabezas pero eso, por ahora, es materia reservada.
Ya el pasado
mes de mayo, los dos operadores expresaron su malestar al tener que irse a
negro algunos de los canales que de ellos dependían y que estaban
consolidándose como productos alternativos. Vasile, el presidente de Mediaset, llegó a hablar de “atropello,
una expropiación injusta y cruel”. Dicen que con un decreto-ley se hubiera arreglado lo que
consideraban un defecto o error de forma, pero lo cierto es que hubo cierre y
tente tieso.
Ahora, cuando
hay riesgos de que se reedite la medida, la pelota está en el alero. Hay que
medir muy bien los pasos antes de despejarla o impedir que caiga. Conscientes
de que hay muchos intereses en juego, nos cuesta creer que esto ocurra hoy en
día pero en la España de Rajoy todo es posible. Trato amable, críticas
bonancibles… para que sigan emitiendo. A ver cómo lo visten, de todos modos.
A lo peor está
expresado muy llanamente y seguro que a partir de muchas lagunas, de esas
incomprensibles; pero todo da a entender, salvo desmentidos tajantes, que las
negociaciones, a la espera de conclusiones -nada menos que en vísperas
electorales- no conocen pudor.
¿Quién dijo que
el fin justifica los medios?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba su cometario. Sólo se pide respeto