PERCEPCIÓN DEL PORVENIR

Hay unos datos de la más reciente entrega del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que han minimizado el discurso triunfalista y autocomplaciente del Gobierno sobre la recuperación económica. 

         Son los referidos a la percepción que tienen las familias españolas sobre las expectativas que albergan para el año próximo. Si un 75,4% de la población encuestada cree que la situación económica será igual o peor que este año que termina; si el 27,3% estima que será peor que en 2014, y el 48,2% cree que será igual, es que la gente no termina de creerse que la economía española ha enderezado el rumbo. Nadie discute las cifras y los porcentajes de la macroeconomía: otra cosa muy distinta es que se traduzcan en mejoras, en avances sociales y en la reducción de la brecha de desigualdad.

         Se puede contrastar en el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa-Caritas), donde se concluye que es indispensable acometer una nueva agenda de políticas públicas que prioricen a los más excluidos. Claro que es  posible hacer más de lo que se está haciendo, pero mientras el Gobierno haga oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, a la realidad social y a los desequilibrios que ésta registra, difícilmente  podrá hablar de recuperación con fiabilidad. Otro dato del CIS lo corrobora: solo el 11.6% de los españoles encuestados cree que la situación económica del próximo año mejorará.

Las propuestas de Foessa-Caritas son, sobre el papel, las que pueden inducir un cambio de tendencias, en caso de aplicarse. Hablan de considerar el gasto social como «inversión social», priorizando aquellos ámbitos que son más correctores en  términos de desigualdad (inversión en sanidad y en educación, en pensiones y rentas mínimas).

También, de eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los servicios públicos, como por el impacto de la crisis.

Sugieren implementar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otras cosas, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar.

Y en concreto, la puesta en marcha de una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza que es uno de los peligros latentes en el presente y de especial gravedad para el futuro.

Solo así, con un crecimiento sostenible y con políticas evaluadas en términos de equidad, será posible que la sociedad trace unos horizontes más esperanzadores y tenga, por tanto, una percepción menos preocupante de cómo será su porvenir económico.