CONTROVERSIA LATENTE

La remodelación del paseo San Telmo, en el Puerto de la Cruz, está envuelta en una de esas controversias de muy incierto final que, en todo caso, parece abonado a la insatisfacción. Las prisas en acabar las obras alimentan esa sensación, impregnada de una percepción ciudadana convergente: no era el proyecto más perentorio para el municipio. Al cabo, ha servido para aumentar la sensibilización de los portuenses hacia lo que es suyo, hacia su patrimonio urbano más querido y valorado, pero también para contrastar su rechazo y su división que se pudo haber mitigado, por cierto, con respuestas de las administraciones implicadas más receptivas a sus demandas y propensiones. Con todo lo sucedido, el desgaste para los gobiernos local e insular es evidente. Y puede que, de aquí a la certificación final, haya más cosas para acentuar la polémica.

            Ahora se debate sobre los daños causados -seguro que involuntariamente- en la empalizada o estacada del entorno de la pequeña ermita, declarado como  Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2000. Teniendo en cuenta tan solo esta consideración, sabiendo que un BIC debe ser tratado con el máximo celo no sea que se causen desperfectos irreparables, se requieren explicaciones convincentes, especialmente para saber si lo que queda de ejecución comporta riesgos similares así como el alcance de una posible reposición.

            Pero antes de tales daños hubo otro hecho que engrosa la controversia que suscita esta actuación: la rampa de accesibilidad para discapacitados y personas con problemas de movilidad. Estuvimos presentes en la primera reunión pública de la exposición del proyecto, donde afloraron las dudas y las discrepancias sobre la viabilidad de la ejecución. Se advertía que, dado el desnivel, era difícil encontrar una solución; pero que, en todo caso, había que lograrla aun cuando se procediera a una modificación de lo proyectado, incluso desde el punto de vista económico. Si no, de poco serviría la planificación pues se incumpliría con una de las finalidades principales: transitar y circular sin obstáculos, sin tener que desviarse por la vía alternativa de La Hoya. La plataforma Maresía abanderó la iniciativa, en muchas de las alegaciones ciudadanas presentadas se incidía en la misma y hasta el propio Ayuntamiento se sumó a la demanda. Pero la construcción de esa rampa, independientemente de los informes técnicos necesarios (que, al parecer, eran favorables), retrasaría los trabajos, lo que generaría, imaginen, esas consecuencias tan indeseadas por los promotores: recursos presupuestarios agotables, malestar in crescendo de vecinos y comerciantes de la zona, impopularidad para los responsables políticos…

            Total, que la actuación, sin rampa, quedará insatisfactoria e incompleta (¡cielos! ¿más recursos, más obras dentro de poco?) y la controversia, lejos de apagarse, seguirá latente, abonando la disparidad de impresiones y pareceres sobre el tratamiento y acabado final. Estaba escrito…