“¿Es posible una
televisión local de base social en el norte de Tenerife?”. Con esa pregunta, bajo el paraguas de un
título muy sugerente, Ciudadanía Digital,
se presentaron días pasados, en el Instituto de Estudios Hispánicos de
Canarias (IEHC), los adjudicatarios de una concesión, transformada en licencia,
para la explotación de un canal del servicio de televisión digital terrestre
(TDT). Querían llevar a cabo un taller en el que reflexionar colectivamente
sobre la televisión local, su uso actual y sus potencialidades para el norte de
Tenerife y su población.
Arrancan, por tanto, de una premisa legal, lo cual no es
de menor importancia en un campo dado a los vacíos y a la impunidad y en el que,
por tanto, es fácil creerse que todo se puede hacer porque no va a pasar nada.
No: parece que esa jungla ya se va despejando, de modo que la ‘alegalidad’ -tan
permisiva y tan aprovechable cuando conviene- empieza a ser historia y, en
teoría, solo puede y debe funcionar lo que está debidamente autorizado por la
administración competente una vez ésta haya cumplimentado o cubierto los
exigidos procedimientos legales. Este caso de Ciudadanía Digital, en concreto, dada la dimensión del proyecto y
los objetivos que pretende, a la espera de su cristalización, solo puede
entenderse desde soportes jurídicos válidos y desde el rigor que han de
caracterizar, teóricamente, el funcionamiento de los medios de comunicación.
¿Cuáles son esos objetivos? Según se explicó, en primer
lugar, articular y consolidar un canal de servicios y comunicación social de
las organizaciones y experiencias sociales, ambientales, etnográficas,
socioculturales, recreativas y deportivas del norte de la isla. Y luego, fortalecer la ciudadanía y la
participación social y política de la gente mediante contenidos programáticos
que fortalezcan valores sociales y vertebren una sociedad más abierta, más
participativa y mejor formada.
Desde este punto de vista, sería positivo, en nuestra
opinión, avanzar en las formas organizativas del proyecto antes que
entretenerse demasiado en la naturaleza, la conveniencia o la viabilidad de
esos contenidos. Además de innovadora, la iniciativa es distinta de un modelo
de canal televisivo generalista. No parece que estemos ante una opción más de
tertulias, de programas difusos y anodinos, todo lo más con algunas
transmisiones y sus correspondientes redifusiones. Si quiere ser competitivo,
tiene que empezar a serlo por su propia naturaleza. Y por rigor profesional. Se
trata, por lo que informaron en el taller los promotores, de elaborar e impulsar
una programación que canalice inquietudes y acciones sociales de las
organizaciones cívicas de la isla y, en concreto, del norte tinerfeño.
Eso posibilitaría desarrollar utilidades para la
educación, las empresas, los sindicatos, los trabajadores, las mujeres, el
deporte, la cooperación internacional, la discapacidad, la conciliación
familiar, la salud, la cultura, el patrimonio, la infancia, los mayores, la
ecología… Se quiere una televisión interactiva y que los consumidores abandonen
el papel de exhaustos y deprimidos espectadores.
En la sesión, llegamos a la conclusión de que un medio
televisivo así es necesario. El déficit cultural de la sociedad canaria sigue
siendo elevado. Cecilia Domínguez Luis, premio Canarias de Literatura 2015,
hizo el pasado 30 de mayo toda una reivindicación para salir del marasmo, de los
vicios y del espíritu acomodaticio que nos envuelve. No puede ser que los
medios, especialmente los audiovisuales de cobertura local, contribuyan a
“desaprender”, a la deformación o al embrutecimiento, cuando no a la
desinformación o la comunicación sesgada de vulgarismos e intereses perversos.
En las pasadas elecciones autonómicas y locales, se registraron índices
abstencionistas muy pero que muy preocupantes. Son indicadores de una
desafección que ya resulta inquietante desde el punto de vista sociológico. Las
carencias ideológicas se suman a una alarmante falta de cultura política. Hay
que superar esos quistes.
Con esos considerandos, insistimos, que aparezca un medio
dispuesto a promover valores cívicos, laicos, comprometido con la
profundización de los derechos humanos, la solidaridad intergeneracional, las
políticas de género y con el amplio abanico de conceptos contenidos en la
Constitución y en el Estatuto de Autonomía, es, cuando menos, esperanzador.
Por ello, es primordial ultimar la fórmula
jurídico-participativa que sustente el proyecto y que otorgue credibilidad
desde que sea dada a conocer. Las potencialidades están: queda el buen uso del
talento y de la capacidad de gestión para que esta iniciativa cristalice y sea
de indudable utilidad social.
La pregunta del principio, por consiguiente, tiene una
respuesta afirmativa: sí es posible y sí es necesaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba su cometario. Sólo se pide respeto