ERRORES CONCATENADOS

Alguien del PSOE debería explicar, de forma convincente, el por qué de acudir a la Fiscalía General del Estado antes de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,  compareciese en sede parlamentaria para dar cuenta de la insólita reunión que mantuvo con Rodrigo Rato en la sede del ministerio. Consistió en presentar una denuncia contra el ministro por la presumible comisión de tres delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Cierto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en otro de sus insólitos anticipos, había dicho antes que no se esperara nada de la intervención del ministro; pero, salvo estrategia envolvente del propio presidente ya en marcha, ello no empece de una acción más sosegada y, sobre todo, más sólida y consistente, a partir de las razones esgrimidas, una vez escogida la vía judicial para complementar la política e intentar esclarecer otro inaudito episodio de la legislatura que se agota. Las posturas se resumen en denunciar y despachar antes de hablar, antes de conocer un testimonio. Vivir para ver. E Interpretar.

         Pero, bueno, a la espera de evaluar el alcance del paso dado, si precipitado o soporte de una pretendida involucración que aumentase el descrédito del jefe del ejecutivo, le ha costado mucho a Fernández Díaz y a su partido justificar la reunión con el ex vicepresidente, ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex presidente de Bankia, investigado policial y judicialmente como presunto autor de cinco delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales. Desde que el hecho trascendió a los medios de comunicación, es como si se hubiera sucedido una cadena de errores, hasta el punto de concluir -aunque sea lo fácil- que la entrevista nunca tenía que haberse producido.

         Puede que el ministro estuviese guiado por la buena fe, por principios de amistad solidaria y hasta por respeto al rango que en el pasado ostentara Rodrigo Rato, pero, por mucha comprensión mediática que pudiese encontrar, la imprudencia o la negligencia, unidas a la infortunada gestión de los elementos intrínsecos, iban a tener unas consecuencias ciertamente negativas. Tiene razón el ministro: estos asuntos relacionados con la seguridad personal son suficientemente delicados como para exigir la máxima cautela y la máxima reserva. Pero, por tal razón, hay que andarse con el máximo tino y ponerse en el día después, es decir, medir los efectos de la reunión, especialmente por las formas y hechos que siguieron. Ni el comunicado inicial del ministerio; ni la primera versión de su titular negando que se tratara sobre “la situación procesal”; ni la contradicción del propio imputado al desvelar que hablaron “de todo lo que me está pasando”; ni la aparición en escena de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), alegando que no hay constancia de denuncias presentadas por Rato sobre amenazas a su integridad física; ni que se haya sabido que éste carece de cuenta personal en la red social Twitter (supuestamente, donde se acumularon las amenazas) son bazas a favor del ministro Fernández Díaz cuya dimisión fue la inevitable petición unánime de los portavoces parlamentarios que intervinieron en la comisión.

         Curiosamente, en el marco de los errores concatenados, la iniciativa judicial promovida por los socialistas parece ser la última carta que queda al ministro. En el debate político parece derrotado y si no renuncia, podemos hacernos una idea de su negativa. Pero igual en los vericuetos judiciales halla algún subterfugio. Por eso, que alguien del PSOE explique el alcance de esa denuncia antes de comisión.