SALTO

A finales del presente mes de septiembre se cumplirán cien días de la constitución y puesta en marcha de las nuevas corporaciones locales. En la denominada vieja política, se respetaba, más que menos, esa regla democrática no escrita consistente en dejar transcurrir ese tiempo para ir calibrando tendencias y formas de gobernar, para formular planes y propósitos y para ir midiendo impulsos y ritmos de la acción política. En la que algunos consideran nueva política, tan proclive a gestualidad y a confusiones, no se tiene muy clara la regla, ni siquiera para un ejercicio de autocrítica. Los cien días, todo lo más, servirán para alguna serie periodística.

            En unos cuantos ayuntamientos, la vida sigue igual. Es la continuidad. Y en otros, aquellos que estrenan gobierno o alcalde, se dirá que están empezando, que hay que dejar pasar más tiempo para evaluar y contrastar capacidades y eficacia. Hasta ahora, en general, pocas innovaciones. No es de extrañar en algunos casos, donde ni siquiera hay constancia escrita de un acuerdo político de gobernabilidad. En consecuencia, los vecinos, a estas alturas, ni siquiera saben qué quieren hacer en su localidad, cuáles son las previsiones o el modelo sobre el que labrar su futuro, si van a pagar más o menos impuestos, si van a reducir prestaciones de servicios... si, en definitiva, hay motivos para ilusionarse con transformaciones o mejoras o para dejar pasar el tiempo, convivir, subsistir y forjarse una opinión de quienes gobiernan  o cómo lo hace la oposición.

            Pasó el verano y dentro de nada habrá campaña electoral. Las interrupciones y  las determinaciones del calendario deben ser muy tenidas en cuenta por los munícipes. Un consejo: que no se confíen, cuando se vengan a dar cuenta, entre festividades y otros factores temporales, entre elaboraciones presupuestarias y gestiones sobrevenidas de asuntos que no estaban en el guión, el tiempo se habrá echado encima, se amontonarán los temas y todos los recursos al alcance serán pocos para tramitarlos adecuadamente y así cumplir con ofertas programáticas y dar respuesta a demandas o aspiraciones ciudadanas.

            Recordemos que en este nuevo ciclo las instituciones locales habrán de afrontar algunos retos que, sobre el papel, habrían de suponer un salto cualitativo para superar algunos corsés y propiciar un funcionamiento que esté a la altura de las exigencias de la sociedad. En el caso de Canarias, además, las administraciones locales cuentan con una nueva Ley -aprobada por unanimidad en la pasada legislatura- que habrá de servir para llevar a cabo los cometidos con seguridad y estabilidad. Entre esos retos, sin ir más lejos, está la delimitación de las competencias, muy necesaria para evitar solapamientos y para evitar dilaciones y desesperos a los administrados. En el ámbito de los servicios sociales, por ejemplo.

            Será interesante comprobar cuál es la respuesta que se va dando desde los ayuntamientos a aquellas necesidades percibidas por los vecinos pero que, en un principio, quedarían fuera del ámbito competencial municipal. Y a seguir muy de cerca también la evolución de la relación interinstitucional en lo concerniente a prestación de servicios y el coste real de los mismos.

            Y todo ello, bajo dos principios que, en este mandato, están llamados a tener una relevancia considerable: la financiación y la transparencia. Los veteranos sí conocen las penurias de la primera. Pero todos, veteranos y noveles, tendrán que esmerarse para el desarrollo y aplicación de las prescripciones establecidas en la normativa. Los contribuyentes son cada vez más exigentes, luego la claridad y el buen funcionamiento en el manejo de los fondos públicos son requisitos indispensables si queremos que las administraciones mejoren. Ese es el salto