SIN PREGUNTAS EN TAZACORTE

Ocurrió en un pleno del municipio palmero de Tazacorte. El Grupo Popular, en la oposición, denuncia que el alcalde, de Unión Bagañeta (UB), apoyado por Coalición Canaria (CC), impide que los concejales de la formación conservadora formulen preguntas.

Que esto suceda al cabo de varios mandatos municipales, resulta insólito. Que todavía haya modales y decisiones que claramente frenan los derechos democráticos y el ejercicio de la acción política en una corporación local, parece increíble. ¿De qué habrán servido todos los avances legislativos? ¿Y por qué no se tienen en cuenta tantas sentencias judiciales en las que se salvaguarda la participación política? ¿Para eso se ha insistido tanto en la transparencia?

Por muy pequeño que sea el Ayuntamiento, tales prácticas son inadmisibles. Si a los concejales de la oposición no se les permite preguntar, entonces ¿para qué acuden a los plenos? A estas alturas, hay hechos elementales en la vida corporativa que deberían ser asignaturas más que aprobadas. Respetando las peculiaridades de cada ayuntamiento, el capítulo de ruegos y preguntas podrá ser regulado según determine la propia corporación, en cuanto a número o materias, si se quiere. Pero evitar que se hagan, parece excesivo. Es más, se puede considerar una extralimitación, una vulneración flagrante de los derechos de participación política.

El hecho no debe pasar inadvertido en el ámbito municipalista. Las preguntas están para eso: para ser planteadas. ¡Qué menos! Si un alcalde y quienes le apoyan obran en sentido contrario, si limitan o impiden esa vía, están haciendo un flaco favor a la democracia.

A estas alturas…