MENOS ENCONO Y MÁS SOLUCIONES

La conclusión que se desprende de la reciente controversia sobre la financiación de las carreteras en Canarias es que hay desgastes que se evitarían con diálogo y negociación. Y que una posición firme y unida permitiría llegar a la raíz del problema con una clara voluntad de resolverlo.

Los ciudadanos isleños se han cansado de polémicas estériles y quieren soluciones prácticas. Para eso han colocado a sus representantes en las instituciones; para eso formalizan alianzas políticas a fin de garantizar la gobernabilidad y para eso se tragan discursos que proclaman, sobre todo, la identificación con los intereses generales que luego, por muy heterogéneas razones, no se cumplen y dan pie a discordias, recelos y conflictos.

En la de las carreteras se ha visto, además, cómo se alimentan los insularismos, alentados incluso por el sesgo de medios de comunicación. Ello confunde más a la ciudadanía y hasta contribuye a demorar el pretendido desbloqueo. Es consecuente que los cabildos insulares, instituciones de la Comunidad Autónoma, propugnen y defiendan inversiones y actuaciones en su territorio. Y hasta disponen de una nueva Ley, respaldada por unanimidad, que delimita las competencias. Y deben hacer cumplir el principio de cooperación interadministrativa tan socorrido cuando hay nubes en el horizonte. Tal principio conlleva lealtad, por supuesto. Por eso, cuanto sea ignorar el origen del problema y salirse de las coordenadas en las que hay que desenvolverse significará tensar las cuerdas y fabricar la enésima controversia, a saber con qué final.

Aquí se sabe cómo empezaron las diferencias y, curiosamente, algunos actores no reparan en ello. Todo se origina con los recortes presupuestarios operados por el Gobierno de la nación en el ya célebre y poco bien ponderado convenio de carreteras. Casi ochocientos millones de euros menos. Digan lo que quieran decir  y disculpar, en el principio era esa la restricción y a partir de tal incumplimiento, las complicaciones en forma de retraso en las obras, pérdida de competitividad y hasta destrucción de empleo.

También es sabido que en el acuerdo de gobernabilidad para la presente legislatura, suscrito entre Coalición Canaria y Socialistas Canarios, consignaba el propósito indubitado de garantizar el cumplimiento del convenio vigente hasta 2017, independientemente de negociar otro gran acuerdo en materia de infraestructuras relacionadas con la conectividad interinsular.

De modo que las partes implicadas, sin perjuicio de querer establecer las prioridades en las actuaciones correspondientes, deberían esmerarse en transar y canalizar las soluciones, pues son los ciudadanos, mientras tanto, quienes sufren errores de planificación, recortes de dotaciones presupuestarias, insensibilidades, presiones interesadas y disputas políticas.

Y no están las carreteras, con sus atascos e insuficiencias, para tantas majaderías.