AENA, TARDE PERO...

La privatización de AENA, la sociedad anónima que gestiona en nuestro país los aeropuertos y helipuertos de interés general, reapareció la pasada semana en el Parlamento de Canarias con una Proposición No de Ley (PNL), iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista Canario, aprobada con cuarenta y un votos a favor y once en contra. Parece algo tardía la determinación pero prosperó la voluntad de rechazar la privatización del cuarenta y nueve por ciento del capital y de estudiar las posibilidades de recuperación. La PNL, además, plantea un freno total a futuras operaciones similares al entender que pueden conllevar graves perjuicios para la economía de las islas e incidir de forma negativa en la movilidad de los ciudadanos canarios.

Lo dijimos en su momento, aunque pareciera simplista el razonamiento: si el Estatuto de Autonomía de Canarias determina que la Comunidad tendrá a su cargo la competencia ejecutiva sobre los puertos y aeropuertos de interés general para los que el Estado no se reserve su gestión directa, resulta evidente que éste, en el proceso de privatización parcial de AENA, está vendiendo algo que no es suyo como son los aeropuertos canarios incluidos en la operación.

Conviene recordar los antecedentes, tanto de la voluntad de negociaciones bilaterales -hecha pública mientras se barruntaba un recurso de inconstitucionalidad que presentaría el Gobierno de Canarias- como de la acción entablada ante el Tribunal Supremo por la propia Comunidad Autónoma para esclarecer el silencio administrativo subsiguiente a la decisión del consejo de ministros de autorizar a la entidad pública empresarial, ENAIRE, dependiente del ministerio de Fomento, la privatización parcial de AENA. La conclusión era evidente: el ejecutivo autonómico solicitaría ante el Supremo la suspensión cautelar de este proceso privatizador.

Al no haber prosperado, el Parlamento vuelve a la carga creyendo que no todo está perdido, por lo que solicita al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a que estudie “la viabilidad económica y jurídica de la recuperación pública del capital de AENA hasta ahora privatizado, valorando de manera prioritaria el interés general, la función social y de dinamización económica primordiales de los aeropuertos, prestando especial atención a los efectos y consecuencias que la privatización ha tenido por los legítimos intereses y el derecho a la movilidad de las ciudadanas y los ciudadanos de Canarias”. Los aeropuertos en Canarias son estratégicos, imprescindibles para la economía productiva basada en el turismo en un altísimo porcentaje. Son, como hemos mantenido, algo más que una infraestructura de transporte, básicos tanto para la conectividad con la península y con el resto del mundo como para la cohesión económica, social y cultural de un territorio insular alejado.

Según la iniciativa parlamentaria aprobada, la privatización del 49% del capital de AENA “ha perjudicado claramente el interés general no solo por la pérdida de capacidad pública de decisión que ha supuesto sino también por el grave despilfarro de recursos económicos públicos que ha significado, como hace evidente la enorme y rápida revalorización del capital privatizado, que ha supuesto para los inversores unas plusvalías que van mucho más allá de lo que los poderes públicos deben sensatamente permitir”. Igual es tarde, en efecto, pero el acuerdo de la cámara legislativa autonómica pone de relieve que la operación no tuvo en cuenta razones y peculiaridades como las canarias, por lo que cabe volver a preguntarse si el Estado saneó una empresa pública para venderla a intereses privados. A ver qué dicen los resultados de los estudios técnicos solicitados de viabilidad de la reversión.