EL CONTENCIOSO DEL LAGO

Empieza a configurarse el contencioso entre el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la empresa concesionaria de bares y restaurantes del complejo turístico 'Costa Martiánez' (el Lago, para más fácil comprensión) como uno de esos pleitos que se empantanan y cuyo final es absolutamente impredecible. Además, ofrece episodios y piruetas de muy difícil explicación.

         En síntesis, ya saben: concesionaria que incumple el pliego de condiciones, no abona el cánon durante tres años, Ayuntamiento que deja hacer deja pasar hasta que decide poner punto final, resolución del correspondiente contrato, reversión de bienes y servicios, acuerdo plenario para que la empresa pública 'Pamarsa' se haga cargo de la gestión y se subrogue al personal laboral y fijación de fecha (estaba prevista el lunes 28 de marzo) para materializar la nueva situación.

         Pero he aquí que el juzgado de lo mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de un escrito registrado por la empresa, dicta una providencia en virtud de la cual el Ayuntamiento no podrá actuar como habían previsto sus órganos. En una información periodística, se señala que la decisión judicial declara necesario para la actividad de la empresa concursada el contrato de gestión de los servicios públicos de restauración del Lago. La providencia, en todo caso, fue dictada con posterioridad al decreto de la alcaldía que fija fecha y hora para la reversión de los bienes.

         Y entonces ahora hay que atravesar los vericuetos judiciales. Largo me lo fiáis (ojalá nos equivoquemos). Mientras tanto, la triste, tristísima realidad es que las deficiencias en la prestación de los servicios son palpables y para nada invitan a los usuarios del complejo, nuevamente sacudido por la desidia y la descoordinación política en la gestión. Alguien tendrá que ser responsable, un suponer.

         Porque los perjuicios para las arcas municipales son evidentes. El Ayuntamiento, tan necesitado según miembros del gobierno local, ha dejado de ingresar (así, a primeros cálculos) un millón de euros. Pero los otros perjuicios, los de imagen deteriorada, los de desprestigio galopante, los de niveles de calidad de prestaciones en declive (pese a algunas mejoras puntuales) son evidentes. Con los antecedentes registrados, los intereses municipales no se defienden como figuras decorativas en tanto que los propósitos de la enmienda son duros de pelar.

         Lo peor, por si no se han dado cuenta: la temporada veraniega ya está encima.