RIESGOS DE UN SANEAMIENTO INCOMPLETO

De manera que tanta inversión en infraestructuras, en esas que son necesarias para mejores condiciones de vida y medioambientales -dicho en términos genéricos-, y resulta que han servido de muy poco. Al menos, tal como se informa en el periódico El Día (Raúl Sánchez, mayo 15), si más de la mitad del valle de La Orotava sigue sin estar conectado a la red de saneamiento, vamos a considerar que la red está incompleta o no funciona a plenitud, que falta información de las administraciones públicas y que la concienciación ciudadana sobre la gravedad de este problema es bastante escasa. De hecho, apenas ha trascendido preocupación en el mismo medio, en organizaciones y en redes sociales.

Los datos de la citada información son inquietantes: las redes para canalizar aguas residuales de hogares y empresas llegan al 51% del suelo urbano de Los Realejos, al 45% de los clientes del Puerto de la Cruz y al 35% de los de La Orotava.

Sumadas las poblaciones de los tres municipios, donde teóricamente debía funcionar una estación depuradora ubicada en término municipal portuense, se supera los cien mil habitantes. Tan solo en el Puerto, saber que aún está pendiente la conexión de la mayoría de los establecimientos turísticos (solo treinta y uno de los noventa y cinco hoteleros y extrahoteleros registrados lo están) pone de relieve que el problema es latente.

De La Orotava, los datos aportados por Sánchez no son mucho más alentadores: solo un 7% de los clientes de la Villa vierte sus aguas en la Estadio Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) localizada en Punta Brava. Otro 5% las envía a pequeñas estaciones similares localizadas en distintos puntos del municipio, en tanto que los residuos de un 23% terminan en treinta y cinco fosas sépticas municipales.

Los Realejos tiene, teóricamente, un 51% de suelo urbano con red de saneamiento efectiva; pero se desconoce el porcentaje de usuarios conectados. Algunos núcleos de población importantes como Icod el Alto o Palo Blanco aún no disponen de red.

Sin dramatismos, la sensación de que aún queda mucho por hacer en esta materia y de que las carencias agravan los riesgos de contaminación de acuíferos y de alteraciones medioambientales, va en aumento. Asusta el que tantos millones de tantas obras apenas han servido de algo. Las administraciones públicas implicadas deben ser conscientes de lo que ello supone. Esto sí que merece un seguimiento constante, una atención específica. Responsables políticos y técnicos competentes deberían acreditar posiciones más activas. Y los agentes sociales deberían estar más comprometidos y ser más sensibles o reivindicativos. A fin de cuentas, es su dinero que el financia el funcionamiento de las instalaciones. Y es su propia salud lo que está en juego.