Se
consolida, según los datos obrantes y hechos públicos por el Banco
de España (BE), la tendencia descendente de la deuda del sector
local, que es el único que la reduce frente a la Administración del
Estado y las Comunidades Autónomas.
La
deuda ha quedado fijada, de acuerdo con los balances del primer
trimestre del año, en treinta y cinco mil ochenta y tres millones de
euros. En términos porcentuales, continúa situada en el 3,2% con
relación al Producto Interior Bruto (PIB). La disminución del
volumen de la deuda (unos cincuenta millones de euros menos) es
inferior a la registrada en el último trimestre de 2015, pero
prolonga esa tendencia reduccionista de la deuda. Las cifras finales
de ese año y del anterior así se han caracterizado.
Para
el municipalismo, desde luego, es un hecho positivo. Puede lucirse,
pero sin alardes ni triunfalismos, que luego existen otros análisis
de la realidad económico-financiera de las corporaciones locales
que, cuando menos, invitan a pensar que las obligaciones a largo
plazo, las carencias y los problemas de liquidez, siguen latentes.
Recordemos, además, que el conjunto de la deuda global de las
administraciones públicas españolas alcanza casi los mil cien
millones de euros, lo que representa el 100,5% del PIB.
La
tendencia, dicho en términos generales, parece denotar un mayor
sentido de la responsabilidad en la administración de recursos
públicos por parte de los ayuntamientos. La administración local de
este país arrancó en 2014 con una deuda que representaba el 4,1%
del PIB. Ese año acabó con un 3,7% y el siguiente, con un 3,2%.
Fuentes municipalistas atribuyen el menor descenso de la deuda de
este período al desigual comportamiento de los distintos sectores de
la misma. Será interesante comprobar cómo evoluciona a lo largo del
presente ejercicio, cumplido ya el primer año del mandato.
Porque,
pese a estos registros favorables, el problema de la financiación
local aún no está resuelto del todo. Ha sido tajante el presidente
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel
Caballero, en el contexto de la ya larga reivindicación de un modelo
específico para las corporaciones locales, al señalar que éste es
el momento adecuado para cerrar un debate que interesa a todos. Ya se
verán los criterios que maneje el nuevo Gobierno -si es que
prosperan las fórmulas de gobernabilidad que surjan en las próximas
semanas- pero es indiscutible que estando la deuda local en un 12% se
trata de fijar hasta dónde se quiere llegar.
“Tenemos
que ser intolerantes ante cualquier intento de restringir nuestra
financiación”, dijo Caballero a sus colegas y compañeros.
Seguramente, se siente legitimado por ese buen comportamiento de las
cuentas locales, hasta el punto de querer incluir en
presupuestaciones futuras la libre disposición, total o parcial, del
teórico superávit con que se cerraron las cuentas del pasado año,
sin que se vea computado, eso sí, el denominado 'techo de gasto'.
“Nunca
lo vamos a tener mejor que ahora”, remarcó Abel Caballero. De los
ediles depende, pues. Si durante los últimos dos años, se han
conducido de forma tal que las contabilidades han clareado hasta
ofrecer, globalmente, resultados positivos, ahora están obligados a
revalidar ese ejercicio de buena administración para colocar a las
instituciones locales en una mejor disposición de estabilidad
futura.
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