MITIGAR SIQUIERA

La agencia de noticias Europa Press dio a conocer el pasado mes de julio un dato que parece haber pasado inadvertido pero que es muy inquietante: más de la mitad de los parados registrados en Canarias, o sea, el 51,5%, no cobra prestación ni subsidio alguno por su condición de desempleados.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recogidos por la citada agencia, se elevan a 116.450 desempleados los que perciben algunas de las rentas públicas distribuidas, esto es, la prestación contributiva, el subsidio, la renta activa de inserción y la ayuda del Programa de Activación para el Empleo. Si el pasado mes de mayo se cerró con 240.067 personas inscritas en las oficinas de empleo del archipiélago, ello significa que 123.617 carecen de cobertura de desempleo. Ese mismo mes, el Estado dedicó 81,7 millones de euros a pagar las prestaciones a los parados canarios, desglosados de la siguiente manera: 46,6 millones corresponden a pensiones contributivas; 25,8 millones al abono de subsidios; 8,2 millones a las rentas activas de inserción y 973.000 euros al Programa de Activación del Empleo.

De estos datos se desprende que la prestación contributiva media en las islas, con 759,6 euros mensuales (42,7 euros menos que la media, fijada en 802,3 euros/mes), es la tercera más baja de España. He ahí lo preocupante, unido a esa mitad de población en paro que no percibe prestación ni subsidio alguno.

La crisis, por tanto, sigue latiendo en Canarias. Hay colectivos sociales muy vulnerables y desfavorecidos. La indigencia no disminuye. Hay familias que sufren lo indecible para acceder a bienes de consumo básicos. La dependencia sigue preñada de trabas y obstáculos. Tanto las instituciones públicas como las organizaciones no gubernamentales se esmeran con tal de corregir los desequilibrios palpables. Situación delicada, desde luego.

Así las cosas, independientemente de las medidas prácticas que surjan de reuniones como la que han mantenido la vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Patricia Hernández, con agentes económicos y sociales y ejecutivos del Servicio Canario de Empleo (SCE), en el ámbito de los consejos insulares de formación y empleo, la realidad anteriormente descrita pone de relieve nuevamente la necesidad de generar condiciones para que los sectores productivos creen puestos de trabajo y de recuperar el Estatuto de los Trabajadores como una carta de derechos, en la que la igualdad de oportunidades y la formación sean factores sustantivos para el desarrollo del mercado laboral y para superar tanto la brecha salarial como la precariedad en el empleo.

No hay que dormirse, pues, ni refugiarse en situaciones de incertidumbre política o gubernamental para justificar lentitud o impotencia en materia de empleo y atención social. Diagnosticadas las necesidades, que cuantitativamente pueden crecer, se trata de aplicar fórmulas aptas para mitigar la situación. Siquiera.