CREDIBILIDAD MERMADA

Muchos jueces estarán avergonzados, seguro, con lo que viene trascendiendo de los métodos y de los comportamientos de algunos magistrados y empresarios en el ámbito de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Si no hace muchos años, la relación entre políticos y hombres de empresa se tornó reprochable por las dudas que inspiraba pisar terrenos movedizos de beneficios y por algunas otras connotaciones, la que ha ligado en nuestros días a los mismos sujetos activos, tan llena de grabaciones -se supone que ocultas y no autorizadas-, trapisondas y componendas, revela que la carne de la judicatura es débil y que pinta fea e intrincada la historia.

Era inevitable, por tanto, bautizar periodísticamente como Albagate -en alusión al apellido de uno de los jueces implicados- el caso en el que parecen concurrir personalismos, intereses espurios, afanes de revancha y ambiciones incontroladas. Sin entrar en la presunción de comportamientos ilegítimos o delictivos, demasiada sordidez. Se entiende el bochorno, que crece a medida que los contenidos de las grabaciones -la principal fue hallada por casualidad por la Guardia Civil en una papelera: como si fuera necesaria más pimienta en el pote- van publicándose, van apareciendo más personajes y van conociéndose más episodios que, de una manera u otra, les relacionan con reuniones y móviles plagados de turbidez.

Las consecuencias de todo esto son fáciles de adivinar: lo fácil sería decir que en todas partes cuecen habas y que estos hechos, llevados a la esfera política, a una organización vecinal o recreativa, hubieran significado un escándalo de aúpa con el consiguiente impacto mediático. Pero es la credibilidad de uno de los poderes del Estado, el judicial -el que damos por hecho que es independiente y que merece el máximo respeto- lo que está en juego y que tal como deviene el caudal de información específica, va mermando en proporciones considerables. “Ya no se puede creer ni en la justicia”, es una frase muy repetida en estos días en círculos sociales tras acceder a los audios y las transcripciones. Si los jueces se prestan a esto, se dice, si les graban y no se enteran, si lo hacen para fastidiar a colegas y compañeros, si se conducen de forma torticera, ¿por qué nos extrañamos de que sean políticos quienes protagonicen estos hechos? ¿O estamos, simple y llanamente, ante otra prueba patológica de la sociedad que nos ha tocado vivir?

Damos también por sentado que el gobierno de los jueces es el primer interesado en el esclarecimiento de los hechos. Y que se habrán abierto expedientes y adoptado las primeras medidas para tal fin. Pero no basta con actuaciones internas: si tanta transparencia se demanda, la población tiene derecho a saber el por qué de esta desvergüenza, quiénes sus responsables y cuáles las consecuencias. Sí, ya: lo del corporativismo y tal, la naturaleza de lo ocurrido y la delicadeza con que hay que obrar. De acuerdo, todos los condicionantes sobre los legajos y los archivos informáticos. Pero no valen silencios ni medias tintas: piense la clase judicial que está sobre el tapete su credibilidad misma, que este país anda muy escamado con todo lo que ha venido sucediendo con la corrupción. Si encima comprueba que los jueces, también justiciables, no ofician como se espera, apagará y que salga el sol por La Isleta.